El Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla ha citado como investigados al alcalde de Gerena, el socialista Javier Fernández Gualda, y a sus antecesores en el cargo, Margarita Gutiérrez y Jacinto Pereira, todos ellos del PSOE, para que presten declaración el próximo mes de septiembre en el marco de la causa incoada merced a una denuncia del Grupo de IU en el Ayuntamiento por un presunto delito de prevaricación relacionado con el supuesto fraccionamiento intencionado de contrataciones para eludir los procedimientos a las que están sometidos los contratos públicos.
La denuncia inicial de IU, recogida por Europa Press, señala un total de 24 facturas y avisa de reparos de la Intervención municipal a estas "facturas que se presentan por distintas empresas y proveedores para su cobro", pues "lo que se está haciendo es trocear las mismas para evitar el someter esa contratación a un procedimiento licitatorio que garantice en la selección del adjudicatario los principios de igualdad, publicidad y concurrencia".
La denuncia presta especial atención al caso de las comidas para los ancianos ordenadas por los servicios sociales municipales, porque para dicho aspecto "durante el año 2017 se ha abonado un total de 54.356 euros" a una misma empresa, fraccionando "por meses" este servicio al considerarlo como "menor". "En el año 2016 ha sucedido lo mismo y se ha vuelto a trocear las facturas mes a mes cuando el total de las mismas superan con creces la cuantía permitida a un contrato menor", indica la denuncia respecto a este servicio.
"Los distintos reparos que manifiesta la Intervención al pago de las facturas indicadas no han servido para que por parte de la Alcaldía se cese con esta practica. Muy al contrario, en el año 2018 se sigue manteniendo el mismo sistema de pago", avisa la denuncia, atisbando un posible delito de prevaricación.
En uno de los informes de Intervención recogidos por Europa Press, en efecto, se detalla que el Ayuntamiento ha promovido "una pluralidad de contratos menores sucesivos para la adquisición de bienes o servicios que se requieren repetidamente, que responden a necesidades de carácter recurrente, periódico o permanente, y ello no es conforme con la normativa en materia de contratación pública para cubrir este tipo de necesidades e, incluso contrario a aquella normativa, en cuanto se ha prescindido de tramitar un procedimiento licitatorio".
Y mientras el PSOE viene defendiendo que estas contrataciones respondían a indicaciones "técnicas", el Juzgado de Instrucción número 16, que tramita la mencionada denuncia de IU, ha citado para el 11 de septiembre como investigado al actual alcalde, Javier Fernández Gualda, y para el 12 de ese mismo mes a sus antecesores en el cargo, Margarita Gutiérrez y Jacinto Pereira. Margarita Gutiérrez Nogales, por cierto, fue condenada en 2014 a ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público, por un delito contra la ordenación del territorio.
