La Guardia Civil, en el marco de la segunda fase de la operación 'Isolda' desarrollada en Granada, ha detenido a cinco personas --un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, un antiguo funcionario de dicho organismo, un abogado y dos particulares--, como presuntos autores de delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental y tráfico de influencias por supuestas modificaciones fraudulentas del catastro. Asimismo, en la operación han resultado imputadas otras 14 personas.
Según ha informado la Benemérita en un comunicado, la explotación de esta segunda fase es producto del análisis de la "abundante" documentación intervenida durante los registros practicados en el mes de mayo del pasado año en la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, en una notaría, un despacho de arquitectura y un domicilio particular.
En esa primera fase se detuvo en Granada y la provincia a un funcionario de la Gerencia Territorial del Catastro, un arquitecto y un empleado de una notaría.
Tras el análisis de la documentación intervenida en su día, realizada por agentes del Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, se ha confirmado y documentado como la trama investigada procedía a la emisión de resoluciones y certificaciones catastrales "irregulares" por ciertos funcionarios de la Gerencia Territorial del Catastro de Granada, con el fin de "favorecer los intereses de terceros que utilizaban dicha documentación con distintas finalidades, como la alteración de la titularidad de parcelas, paralización de expedientes sancionadores por irregularidades urbanísticas, entre otras".
De esta manera, parte de las supuestas modificaciones fraudulentas se realizaban "previo pago de elevadas cantidades de dinero a los componentes de la trama", por unas gestiones que, de haber sido realizadas de manera legal ante la Gerencia Territorial del Catastro, habrían resultado en algunos casos gratuitas.
Igualmente, en la operación se han podido constatar irregularidades, gracias a las cuales, terceras personas presuntamente se apropiaban de fincas cuya titularidad legal eran personas fallecidas.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 y la Fiscalía Provincial de Granada, está siendo llevada a cabo por el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con la Dirección General del Catastro del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. La investigación, que se encuentra bajo secreto de sumario, continúa abierta.
