El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, ha comunicado hoy a los máximos responsables de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) la pérdida de destino por los últimos expedientes disciplinarios que se les habían abierto. Fuentes de la AUGC han explicado a Efe que la sanción ha sido impuesta a su secretario general, Alberto Moya, destinado en Algeciras, por unas declaraciones efectuadas en días previos a la manifestación del 18 de septiembre de 2010 en la que miles de agentes reclamaron en Madrid mejoras laborales al grito de "Ya no tenemos miedo".
En rueda de prensa, Moya acusó al Ministerio del Interior de tratarles "como a los terroristas de ETA" por prohibir la marcha, lo que provocó la inmediata apertura del expediente disciplinario hoy resuelto. Además de Moya, la Dirección General de la Guardia Civil ha comunicado la misma sanción al secretario de organización de la AUGC, José Antonio Agudo, destinado en la agrupación de tráfico de Guadalajara, en resolución de un expediente abierto por unas declaraciones en septiembre de 2010 sobre la supuesta huelga de "bolis caídos".
También se ha resuelto con la pérdida de empleo y sueldo durante dos años otro expediente incoado a los dirigentes de la AUGC en Ciudad Real Antonio Moreno y Jesús Culebra por unas manifestaciones en la revista Interviu el pasado año referidas a la citada huelga de los agentes de tráfico.
Fuentes de la AUGC han mostrado a Efe su "indignación" por estas sanciones "tan duras", que suponen "un ataque brutal al movimiento asociativo" y a la libertad de expresión, al tiempo que abocan a las familias de los agentes expedientados "a la miseria".
Por ello, la AUGC ha decidido romper relaciones con el director general, Francisco Javier Velázquez, y ha amenazado con "sacar a la luz" algunos casos de corrupción que afectan a varios mandos. "Pese a quien le pese y gobierne quien gobierne los guardias civiles seguiremos movilizándonos", ha dicho a Efe un portavoz de la asociación que mantiene en pie la convocatoria de manifestación en contra de la modificación que les prohíbe manifestarse.
