El gobierno municipal va a intensificar el control de las empresas concesionarias de la capital. Después del expediente sancionador aprobado en el Pleno del miércoles contra FCC por incumplimientos en el contrato de la limpieza, el concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, anunció ayer una ofensiva contra el resto de concesionarias que prestan servicios en la ciudad. Y fue así de taxativo: “En aquellos contratos en los que encontremos que no se cumple íntegramente lo acordado en el pliego de prescripciones técnicas administrativas, se aplicará la Ley de Contratos y si hay que imponer penalidades, se hará”. Con todo, Bonilla enmarcó esta campaña dentro del “funcionamiento normal” de la nueva oficina de control de empresas concesionarias, que llevará a cabo la revisión jurídica de todos los contratos con carácter general que se realizan desde el Ayuntamiento. De este modo, tras FCC el siguiente contrato a revisar será el que se mantiene con la UTE Tecdoa-Indra referido a servicios energéticos y de mantenimiento de las instalaciones de alumbrado público, semáforos y fuentes ornamentales.
“Ahora disponemos de los medios necesarios para poder ejecutar ese control a las empresas, al menos en su lado jurídico, pues siempre hemos dispuesto de un control técnico, pero nos faltaba ese lado jurídico que nos resulta imprescindible en el caso de grandes empresas que cuentan con grandes departamentos jurídicos y nosotros teníamos que reforzar esa área” , señaló el edil. El concejal de Hacienda y Contratación, Manuel Bonilla, y el de Mantenimiento Urbano, Medio Ambiente y Área de Zonas Productivas, Juan José Jódar, se reunieron ayer con representantes del nuevo comité de empresa de la empresa adjudicataria del servicio de limpieza y recogida de basuras FCC, pertenecientes al sindicato USO. “Es nuestra obligación seguir manteniendo, tal y como se ha producido hasta la fecha, un diálogo fluido con el comité de empresa de los trabajadores de la concesionaria con mayor número de empleados que presta un servicio fundamental en la ciudad”, indicó Bonilla. Mientras, el representante de USO en el nuevo comité de empresa Juan Viedma, manifestó a los medios antes de la reunión su repulsa por los dos despidos llevados a cabo recientemente por FCC y señaló que esta empresa contrató detectives privados para vigilar a los dos trabajadores despedidos. Uno de ellos, denunció Viedma, se produjo durante una baja médica y otro de los despedidos pertenece al propio sindicato USO.. El nuevo comité de empresa planteó ayer al equipo de gobierno del PP que medie ante la empresa para dar marcha atrás en estos despidos y para mejorar el clima laboral entre empresa y trabajadores.