Según ha informado la Policía en un comunicado, la detenida regentaba un establecimiento comercial ubicado en el Distrito Policial Macarena de esta capital que primero había estado dedicado a las clases de baile de salón y luego había sido transformado en Bar-Cafetería.
Dicho establecimiento tenía un TPV (Terminal de Punto de Venta o Datáfono) asociado a la cuenta corriente de su propietaria, con la finalidad de gestionar los pagos realizados por los clientes mediante tarjetas bancarias. Así, en los meses de julio y agosto del año 2011 con dicho terminal se realizaron cobros por valor de 71.470 euros, en un total de 18 operaciones efectuadas con otras tantas tarjetas de crédito.
Sin embargo, en noviembre de ese mismo año se recibió en las dependencias de los especialistas del Grupo Medios de Pago de esta Jefatura Superior la denuncia del director de Seguridad de la entidad bancaria donde la señora P.B. tenía contratada la cuenta corriente asociada al TPV, dado que habían recibido comunicación de diversos bancos de otros países solicitando la retención de esos importes por tratarse de operaciones fraudulentas realizadas mediante tarjetas que habían sido clonadas de manera ilícita.
Así, los agentes iniciaron una investigación en la que gracias a las diligencias practicadas pudieron comprobar que si bien los pagos se habían realizado en agosto, el local llevaba cerrado desde mayo.
Además, por el registro de operaciones del terminal constataron que éste nunca había registrado una actividad tan elevada como ese mes, siendo lo habitual cargos de 10 y 15 euros y no todos los días, estando la cuenta corriente asociada al TPV en números rojos de manera frecuente.
De igual modo, los agentes requirieron información a organismos nacionales como la CECA (Confederación de cajas de Ahorro de España) y sus homólogos internacionales acerca de las incidencias relacionadas con las tarjetas bancarias empleadas en ese establecimiento en los 18 pagos fraudulentos, obteniendo como resultado que el titular que figuraba en las 18 tarjetas era el mismo, un supuesto ciudadano irlandés, pero que en realidad los cargos se efectuaban en cuentas corrientes de ciudadanos de terceros países como Guatemala, China, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, y EEUU entre otros, cuyas tarjetas bancarias habían sido clonadas.
Así, cuando fue llamada a declarar, la posteriormente detenida entregó a los agentes una fotocopia del pasaporte de este ciudadano irlandés, que según ella era el autor de los pagos, pero los agentes siguieron esta pista a través de Interpol y de la Embajada de Irlanda en Madrid, pudiendo demostrar finalmente que se trataba de una falsificación realizada por ella al objeto de distraer la investigación policial.
La detenida, a la que le constaba una detención anterior por un delito de distinta naturaleza, quedó en libertad con cargos a la espera de juicio.