Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tuvieron conocimiento de 386 delitos y faltas de ocupación de inmuebles de enero y noviembre de 2022 en la provincia de Cádiz. Esta cifra es supera, a la espera de los datos de diciembre, las cifras registradas en 2015 (342), 2016 (297), 2017 (317), 2018 (313), 2019 (383) y 2020 (361), y se sitúa cerca de la de 2021, cuando se anotaron 425.
Los datos han sido facilitados por el Gobierno de España a preguntas de los diputados nacionales del PP José Ortiz e Ignacio Romaní, entre otros, y publicados este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
La respuesta indica, no obstante, que “las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan conforme al ordenamiento jurídico vigente de forma urgente y perentoria en el cado de allanamiento de morada, desalojando las viviendas de inmediato, siempre que se tenga permiso del morador y éste haya presentado denuncia”.
Asimismo, indica que “también actúan en el caso de las usurpaciones de inmuebles, residenciales o no, pero que no son morada”. En estos casos, el proceder de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “está sujeto a una orden judicial de desalojo previa, además de la intención manifiesta del propietario de recuperar su propiedad, salvo que puedan intervenir en el momento en el que se está cometiendo el delito y sea con violencia o intimidación, en cuyo caso, sí pueden desalojar los casos de usurpación” de la propiedad “en el momento”.