El Tribunal Constitucional ha declarado que el despido que el ente público de infraestructuras, organismo dependiente de la Consejería de Educación, realizó sobre la ex concejala socialista, Marta Meléndez, vulneró su derecho fundamental a participar en la vida política (art. 23 CE). Este despido fue ejecutado en marzo de 2014 y la ex concejala ha litigado contra la Consejería de Educación hasta el más alto tribunal y finalmente se le ha dado la razón. Casi cinco años después tendrá que ser readmitida en el puesto técnico que ocupaba en aquel momento.
Cabe recordar que la APAEF, antiguo ISE Andalucía, decidió computar los minutos que Marta Meléndez tuvo que ausentarse del puesto de trabajo que ocupaba para cumplir con las obligaciones del cargo electo que ostentaba, de conformidad con la Ley de Bases del Régimen Local. “Me encontré en una situación incomprensible, mi partido que me otorgó su confianza para ocupar el primer puesto en la bancada socialista del Ayuntamiento de Cádiz, me ponía de patitas en la calle”, señala Meléndez. “Un dirigente socialista, Director General de la Consejería de Educación, firmaba el despido, otra dirigente socialista, Natalia Álvarez Dodero –ex concejala socialista- que ostentaba el cargo político de Gerente de ISE en Cádiz, me entregaba la carta del despido”, añade Meléndez, iniciándose lo que ella define como una persecución política sin precedentes. “Algún dirigente local organizó mi despido, en una muestra más de lo que se es capaz de hacer, utilizando las instituciones para su particular venganza política”, afirma Meléndez. Cabe recordar que Marta Meléndez fue candidata a la alcaldía de Cádiz en mayo de 2011 y portavoz socialista hasta octubre de 2012, fecha en la que dimitió tras perder las elecciones a la secretaría local del partido en Cádiz.
Ahora el Tribunal Constitucional ha sido categórico, declarando nulo el despido, señalando que se vulneró su derecho a participar en la vida política. Pero el tribunal ha ido más allá, al advertir que se ve en la obligación de pronunciarse por la trascendencia general que puede tener este despido para cualquier ciudadano que quiera formar parte de una lista electoral. “Ese ha sido el principal motivo por el que he litigado hasta el TC”, afirma Meléndez, “mis ‘compañeros’ de partido me aplicaron la reforma laboral del PP –prosigue-, y eran plenamente conscientes de que con ello abrían un precedente jurisprudencial muy peligroso para cualquier ciudadano, aun cuando el despido fuera calificado de improcedente, y todo para intentar desprestigiarme públicamente en el plano personal y profesional”. “Ningún miembro de la dirección local del partido socialistas salió en mi defensa aún cuando el motivo aducido por el ente público fueron mis ausencias justificadas por asistencia a los plenos del Ayuntamiento, a las comisiones informativas y a los consejos de administración de las empresas municipales de las que era consejera”, un silencio muy sospechoso que mantuvo incluso el portavoz socialista del Ayuntamiento de Cádiz, recuerda la ex concejala.
“Algunos tendrán que asumir responsabilidades políticas, puesto que urdir un plan al más puro estilo siciliano, utilizar las instituciones con fines espurios, aplaudir que a una compañera de partido se le aplique la reforma laboral del PP y se le despida por cumplir con sus obligaciones como concejala, no debe salir gratis”, sentencia la ex concejala.
Finalmente, Marta Meléndez ha querido agradecer el apoyo de sus amigos, familiares y de su abogado, Diego Bernal Caputto, que en estos cinco años no han dejado de creer que la situación laboral a la que fue sometida era injusta.
