La Fiscalía de Granada ha recordado este martes que su petición de que la concejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada, Isabel Nieto (PP), declare en calidad de imputada en el conocido como 'caso Serrallo' no supone aún "un posicionamiento definitivo capaz de destruir la presunción de inocencia".
El Ministerio Público le atribuye supuestos delitos de prevaricación y prevaricación urbanística en la causa abierta en relación con la operación que permitió la construcción de una discoteca, con sala de fiestas y pista de patinaje con bar, en una zona verde del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, junto al centro comercial Serrallo Plaza.
No obstante, la Fiscalía recuerda en un comunicado que en este momento procesal no cabe hablar "sino de indicios que las leyes procedimientales obligan a trasladar a cualquier posible imputado por los mismos".
"Con tal petición, el Ministerio Fiscal se ha limitado a conferir como a cualquier otro afectado, las garantías necesarias para poder responder a los indicios incriminatorios resultantes de la causa, y no supone aún, un posicionamiento definitivo capaz de destruir la presunción de inocencia", añade la nota.
Fue la propia Fiscalía la que en febrero del pasado año denunció a un promotor inmobiliario y a cinco altos cargos de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada por posible delito contra la ordenación del territorio y prevaricación urbanística en la citada operación junto al centro comercial Serrallo Plaza, hechos que ya investiga el Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
El fiscal consideró entonces que no existían datos para atribuir estos posibles delitos al alcalde de Granada, José Torres Hurtado, dado que tenía delegadas las competencias en materia de urbanismo, ni a la concejal encargada del área, Isabel Nieto, puesto que "actuó conforme a los informes técnicos favorables".
No obstante, el Ministerio Público sostiene que durante la instrucción han aparecido datos de los que se derivan su "participación consciente" en las conductas que se detallan en la denuncia, así como "su participación en la operación urbanística que se describe, con pleno conocimiento de la ilegalidad de la actuación y omitiendo los procedimientos legalmente establecidos".
"A la vista de tales indicios de responsabilidad criminal" considera el fiscal que procede la declaración "no como testigo como había sido acordada sino como imputada" de la edil de Urbanismo y así lo ha trasladado al Juzgado de Instrucción número 2 de Granada.
Tras conocerse la petición fiscal, diversos grupos de la oposición en el Ayuntamiento de Granada han reclamado la dimisión de la edil, entre ellos Ciudadanos aunque en este caso si se confirma la imputación en la causa abierta.
