Nueva piedra en el camino del conflicto que se iniciara en el año 2.007 tras el cierre de la factoría de automoción de Delphi en Puerto Real. Una nueva piedra que deja en evidencia no solo a las administraciones públicas, sobre todo a la Junta de Andalucía y su protocolo firmado en su día, sino también a los partidos políticos que son incapaces de consensuar una salida al citado conflicto. Hablamos del auto que hizo público en la mañana de ayer jueves la titular del Juzgado de lo Mercantil, número 1 de Cádiz, María del Castillo Mendaro.
El auto, al que tuvo acceso la agencia Europa Press, autoriza “la demolición y desmantelamiento de la totalidad de las construcciones, edificaciones e instalaciones propiedad de Delphi, sin ninguna limitación en cuanto al alcance de las obras de demolición y derribo” . Una autorización que ha generado un aluvión de reacciones tanto desde el ámbito político como sindical.
Antes de dar a conocer estas reacciones, merece la pena detenerse en algunas de las observaciones que realiza la titular del Juzgado de lo Mercantil en su auto. En él se pone de manifiesto que “nadie está interesado en comprar tales instalaciones, ni por parte del sector privado ni tampoco por el público”, y eso a pesar de los muchos anuncios realizados desde la Junta de Andalucía o el Consorcio de Las Aletas al respecto.
Según el auto, influye en esta falta de ofertas que se trata de “instalaciones obsoletas y anticuadas que no tienen encaje ni siquiera para industrias del sector automovilístico ante los avances tecnológicos producidos en los últimos años”.
La otra razón en la que se sustenta la autorización que se refleja en el auto, es sencilla, pues señala que la demora está causando “graves perjuicios a los acreedores, dado el alto coste de los gastos de mantenimiento de las instalaciones, pese al cese de la actividad”.
Además, el auto considera “evidente” que no podrán venderse las instalaciones “en un futuro próximo” y que se ha producido en este tiempo un detrimento de valor de las instalaciones.
Y claro, las reacciones no se han hecho esperar. “El derribo de las naves de Delphi constata el enorme fracaso de todos los partidos políticos, sea del color que sean, por salvar la actividad en la Bahía de Cádiz. Ninguno ha valorado la gravedad del conflicto ni su compromiso con los ciudadanos de Cádiz”, ha indicado con rotundidad el secretario general de MCA-UGT Andalucía, Manuel Jiménez.
De ahí que UGT ha mostrado su “total oposición” a esta decisión judicial, sobre la que los servicios jurídicos del sindicato presentará recurso.
Por su parte, el sindicato USO ha exigido a los tres partidos con representación en el Parlamento andaluz (PSOE, PP e IU) que “se sienten de una vez por todas” y acuerden “una oferta seria” para presentarla ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz y evitar así la demolición de las naves de Delphi.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de USO en este conflicto, Miguel Paramio, ha reprochado a los distintos partidos políticos que llevan “mucho tiempo advirtiendo” de que “el tiempo corría en contra y que luego vendrían las lamentaciones”, es decir, exactamente lo que ha ocurrido.
Las reacciones políticas al auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Cádiz en el que autoriza “la demolición y desmantelamiento de la totalidad de las construcciones, edificaciones e instalaciones propiedad de Delphi”, fueron muchas, pero lo principal es que los partidos políticos se culparon los unos a los otros, y como siempre, la casa, al final, pues sin barrer.
El PSOE se quejó de que “toda propuesta elevada en positivo por parte de una administración gobernada por el PSOE” se ha topado “con un PP que ha mostrado una sinrazón destacable que ha hecho que se lleve a cabo esto”, en referencia a la autorización del derribo de las naves, y aboga porque los terrenos pasen a manos del Consorcio de Las Aletas, aunque la Junta ponga el dinero de la compra.
Por su parte, el PP retó a la Junta de Andalucía y a los socialistas a que “cumplan su ofrecimiento de compra” y adquieran los terrenos “sin ponerle el apellido de las Aletas”, ya que “de lo contrario demuestran que lo único que pretenden es quitarse de encima a los trabajadores”.
Por último, IU está dispuesta a propiciar encuentros con todas las formaciones políticas para que a la reunión de Las Aletas se vaya “con una propuesta consensuada y unánime” y se encuentre una “salida urgente”.
