La Consejería de Salud y Bienestar Social ha materializado un segundo pago por 4.595.232,47 euros a los ayuntamientos gaditanos correspondientes al Programa de Ayuda a la Contratación, con lo que completa el abono de los 7.535.382,58 euros contemplados para la provincia en el decreto de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social para esta línea de actuación. Este nuevo pago se suma al primero por este concepto realizado a comienzos del mes de agosto, por una cuantía de 2.940.150,11 euros.
Además, Salud y Bienestar Social ha abonado un total 361.662,97 euros a las corporaciones locales –ayuntamientos y diputaciones—de la provincia en concepto del Programa de Consolidación de la Ayuda a Domicilio, incluido en el citado decreto con el objetivo de mitigar la previsión del Gobierno central de rebajar la intensidad del Servicio de Ayuda a Domicilio –reduciendo las horas de esta prestación—y de dar cobertura a las personas en situación de dependencia moderada que, tras las modificaciones llevadas a cabo por el Ejecutivo central, no podrán entrar en el sistema de atención a la dependencia hasta 2015. Para ello, se destinarán en total en Andalucía 20 millones de euros, de los que se han abonado 4 millones en este primer pago.
Del total de 20 millones de euros que se abonarán a ayuntamientos y diputaciones andaluzas para la consolidación del Servicio de Ayuda a Domicilio incluida en el decreto contra la exclusión, 1,8 millones irán destinados a la provincia de Cádiz y servirán para atender a 1.391 beneficiarios y para realizar 185 contratos.
Las cantidades correspondientes a cada municipio y a cada diputación de la comunidad autónoma en este pago que acaba de efectuarse, que suman conjuntamente 24 millones de euros para el conjunto de Andalucía, tanto del programa de Ayuda a la Contratación (20 millones), como del referido a la consolidación de la Ayuda a Domicilio (4 millones), llegarán a partir de esta semana a las arcas de las corporaciones locales.
El Programa de Ayuda a la Contratación recoge ayudas extraordinarias a las corporaciones locales para la contratación de personas desempleadas y en riesgo de exclusión social, por un periodo de entre 15 días y tres meses, para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. Dichas ayudas se distribuyen entre los ayuntamientos de manera directamente proporcional al número de personas en paro de cada municipio registradas a 31 de diciembre de 2012.
El Decreto-Ley 7/2013 de 30 de abril de medidas extraordinarias y urgentes para la lucha contra la exclusión social constituye un paquete de medidas extraordinarias que tiene varios objetivos, entre los que destacan prevenir situaciones de exclusión social o paliar su impacto en los colectivos más vulnerables. La dotación del decreto en su conjunto alcanza los 120 millones de euros adicionales sobre el presupuesto de 2013.
