El empresario y candidato a la Alcaldía por Ahora Cádiz Eugenio Belgrano tendrá que declarar, salvo retraso, el próximo 2 de febrero en el Juzgado de lo Penal número 5 de la capital por un presunto delito contra el patrimonio histórico.
En concreto, la citación cursada apunta a los artículos 321-323 del Código Penal, todos ellos penados con prisión de entre seis meses y un máximo de tres años, así como multa de entre doce y 24 meses e inhabilitación especial para profesión u oficio por tiempo de uno a cinco años.
Como acusación particular en este procedimiento judicial actúan la Parroquia de San Antonio de Cádiz y el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de Cádiz.
Cabe recordar que precisamente el colegio elaboró en 2015 un informe en el que advertía de intrusismo profesional por parte de Belgrano en las actividades llevadas a cabo a lo largo del tiempo, con especial incidencia en elementos patrimoniales catalogados en la citada iglesia, en el Aljibe y Beaterio en la calle Valverde número 3 y otras ubicaciones “investigadas” para la “búsqueda de su lucro personal” y los daños provocados en el patrimonio “dada su falta de conocimiento en la materia”.
Igualmente, el colegio alertó en el documento que el empresario se ha presentado como historiador y ha realizado actos propios de guía turístico, “careciendo de tal titulación, incumpliendo nuevamente el ordenamiento jurídico que marca la exclusividad de los intérpretes de patrimonio-guías-turísticos”.
Belgrano desplegó una incesante actividad en páginas web y medios de comunicación, incluyendo revistas extranjeras, e incluso publicó un libro donde relató “actividades ilegales”, realizando “informe de perfil técnico a privados, conferencias y continua exposición de sus actos con el fin de dar propaganda a su trayectoria profesional”.
El empresario y candidato de Ahora Cádiz estuvo en la picota, asimismo, hace unos meses, después de que trascendiera que había solicitado a la Oficina Española de Patentes y Marcasla utilización con uso comercial de la denominación Estadio Nuevo Mirandilla apenas unas horas después de que se resolviera el proceso participativo impulsado por el equipo de Gobierno para elegir la nueva denominación del estadio Ramón de Carranza. Ante la información revelada, reconoció los hechos, pero negó lucro y aseguró que fue un acto revindicativo para frenar un proceso participativo sin garantías.
