Las bajas laborales por COVID-19, donde se incluyen tanto contagios como cuarentenas por contacto, se han duplicado en los últimos meses al pasar de alrededor de 800.000 acumuladas a mediados de julio a más de 1,6 millones al cierre de septiembre en unos meses marcados por los rebrotes de la epidemia.
Según los datos de la Seguridad Social, a cierre de junio se acumulaban 683.478 procesos de incapacidad temporal por COVID-19, una cifra que, a finales de septiembre, ya alcanzaba los 1,64 millones, lo que refleja el repunte en el reconocimiento de estas bajas en los meses de verano, especialmente a partir de finales de julio.
Así, y según la información detallada esta semana por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, en el Congreso, el número de bajas acumuladas por COVID ha repuntado en las últimas semanas: a mediados de julio se rompió la barrera de las 800.000, un mes después, alrededor del 14 de agosto, se superaba el millón para seguir con una curva ascendente que marcaba ese 1,64 millones el 28 de septiembre.
De ese total, según detalló Escrivá, el 73 %, 1,2 millones, han sido por aislamientos, y el 27 %, unos 440.000, por infección con una duración media de los procesos de 18 días.
Se trata de cifras acumuladas, es decir todas las bajas dadas desde el inicio de la pandemia no los trabajadores que están en esa situación actualmente y que, también con datos septiembre, eran unos 150.000.
MÁS MOVILIDAD LABORAL Y MÁS PRUEBAS
Respecto a los datos acumulados, desde CCOO apuntan entre las causas de esta evolución de los últimos meses a la vuelta a la movilidad laboral tras el estado de alarma y a la realización de más pruebas para identificar los casos y las correspondientes cuarentenas.
Durante los meses de abril y mayo, recuerdan desde el sindicato, 3,4 millones de trabajadores llegaron a estar en un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), 1,5 millones de autónomos pararon o redujeron su actividad y millones de empleados teletrabajaron.
Con el proceso de desescalada, se comenzó a retomar gran parte de la actividad laboral.
A cierre de septiembre, quedaban unos 700.000 trabajadores en un ERTE y 150.000 autónomos con prestación extraordinaria.
MAYOR COSTE
El aumento del ritmo de bajas por COVID-19 también ha tenido reflejo en el coste de esta partida.
Así, de los 224 millones que se gastaron en marzo se pasó a 566 millones en abril, peor mes para la pandemia, para bajar a 170 millones en mayo, 34 millones en junio y volver a repuntar desde los 46 millones de julio a los 144 millones de agosto y 185 millones ya en septiembre.
En total, se han desembolsado 1.369 millones en bajas por COVID-19, tanto infecciones como cuarentenas.
La baja por COVID-19 está considerada desde el inicio de la pandemia incapacidad temporal por contingencias profesionales, lo que supone que el trabajador cobre la prestación desde el primer día, por un mayor porcentaje del salario y completamente con cargo a la Administración.
En la incapacidad temporal por enfermedad común, el empleado percibe una menor cuantía, a partir del cuarto día de baja y la empresa debe hacerse cargo del abono de parte de la prestación.
La baja por COVID cubre a los padres con hijos que hayan dado positivo en la enfermedad pero no a los que tengan que cuidar de un menor que guarde cuarentena por un positivo en su clase.
El Gobierno dijo que iba a dar cobertura, ampliando también esta baja a estos casos, pero, por ahora, la medida se ha quedado en el aire.
