Expertos de más de veinticinco países han abogado hoy en Madrid por establecer un sistema de notificación obligatorio para los profesionales sanitarios en los casos de turismo de trasplante.
Esta es la decisión que se ha adoptado en un encuentro internacional, que ha finalizado hoy en la capital española, donde se han debatido las medidas para prevenir que los viajes para trasplantes se realicen en condiciones ética y legalmente inaceptables, según una nota del Ministerio de Sanidad.
El encuentro ha sido organizado por el Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, integrado en la Sociedad Internacional de Trasplantes y la Sociedad Internacional de Nefrología, en colaboración con la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).
El Grupo Custodio define el turismo de trasplante como "el viaje de donantes, receptores o profesionales para trasplante cuando éste implica el tráfico de órganos o su comercialización, o cuando los recursos (órganos, profesionales y centros) dedicados a trasplantar a pacientes extranjeros comprometen la capacidad de un país de ofrecer servicios de trasplante a su propia población".
La recomendación de establecer este sistema de notificación se extiende a los distintos gobiernos y a las organizaciones nacionales de trasplantes.
El grupo también recomienda que la información registrada a nivel nacional sea recopilada a nivel internacional en el Observatorio Global de Donación y Trasplante que la ONT gestiona como centro colaborador de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La creación de este sistema de notificación se sustenta en aspectos legales y éticos, pero también en la necesidad de prevenir riesgos para la salud pública.
Entre un 40 y un 70 por ciento de los turistas de trasplante desarrollan al menos una complicación infecciosa y, de ellos, un 20 y un 50 por ciento sufren una infección mortal.
Algunas de estas infecciones están causadas por organismos resistentes a los antibióticos disponibles, que serían importados al país de origen de estos pacientes cuando regresan después de un trasplante realizado en condiciones inadecuadas.
La OMS estima que entre un 5 y un 10 por ciento de los trasplantes en el mundo se realizan bajo alguna forma de comercialización o son ética y legalmente inaceptables.
El sistema de notificación y su vínculo con el Observatorio permitiría evaluar la dimensión del problema de manera más precisa e identificar a los países implicados.
La Declaración de Estambul contra el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes de 2008 ha supuesto cambios legislativos en distintos países del mundo para penalizar estas prácticas.
España ha sido un país pionero en este ámbito al tipificar en 2010 como delito en el Código Penal el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes, con penas de hasta doce años, e incluir una serie de artículos para prevenir el delito y a proteger a sus víctimas.
