El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Carlos Toscano, ha mantenido una reunión con el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Sevilla, Luis Fernández Arévalo, para ultimar los detalles de un procedimiento de actuación para las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado de cara a la intervención en casos de ocupación de viviendas ilegales.
A la reunión han asistido también el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, Luis Ortega, y el comisario principal de la Policía Nacional de Sevilla, Emilio Mateos, informa la Subdelegación en una nota de prensa.
Fiscalía, cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado y el subdelegado del Gobierno en Sevilla han coincidido en la necesidad de buscar fórmulas para frenar el fenómeno de la ocupación ilegal de inmuebles, que ocasiona inquietud entre los vecinos y propietarios y atenta contra la inviolabilidad del domicilio y el derecho de los ciudadanos a la propiedad privada, promoviendo el restablecimiento con mayor prontitud a las víctimas en el uso de sus hogares y propiedades.
En este sentido, Toscano ha apostado por "unificar criterios en la actuación policial" para afrontar "este problema social y jurídico". Durante el encuentro, se ha acordado un protocolo de seguimiento de actuaciones por parte de Fiscalía, en estrecha coordinación con fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado que permitirá "un desalojo más eficaz e inmediato de esa ocupación ilegal, especialmente en los casos en los que se produce un delito de allanamiento de morada flagrante o si la ocupación se realiza con violencia e intimidación", y a la par, detectar situaciones de especial vulnerabilidad en las personas que ocupen el inmueble --en situación de claro desamparo, menores y personas con discapacidad-- interensándose por la Fiscalía simultáneamente que los hechos se pongan en conocimiento de los Servicios Sociales, a fin de que adopten --con carácter necesariamente previo al desalojo-- las medidas oportunas para su protección, proveyendo en su caso las soluciones residenciales que procedan en caso de ocupación pacífica.
Por parte de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado se ha procedido a la formación de sus distintas unidades territoriales en esta materia y al establecimiento de un protocolo de actuación con un responsable provincial que, coordinado con la Fiscalía, analizará todos los casos denunciados, de manera que se agilicen los desalojos.
