El inspector de la Delegación territorial de Salud de Sevilla que investigó el fraude de las clínicas iDental pidió ayer al juez que llame a declarar a la excúpula de la Consejería. Carlos Yáñez-Barnuevo compareció en el juzgado de Instrucción número cuatro, en calidad de investigado, acusado por el anterior equipo de la Delegación territorial de un presunto delito de desobediencia.
Espero que se archive la causa, porque no he cometido ni ilegalidad ni ninguna desobedienciaLos hechos se remontan al 31 de octubre de 2018, cuando a Yáñez-Barnuevo se le abrió un expediente disciplinario por no entregar el informe original de la investigación llevada a cabo entre mayo y diciembre de 2017 por encargo de la Dirección provincial de Inspección de Servicios Sanitarios, a la que él está adscrito este funcionario con 37 años de carrera. El inspector sostuvo entonces y mantuvo ayer en su declaración ante el juez que no hizo entrega de la documentación, ni en ese momento ni el 20 de septiembre de 2018 cuando fue citado oficialmente, al solicitar que se le compulsara para tener “garantías” de que la información ni se manipulaba ni se extraviaba y que llegaba a las víctimas de iDental.
“Espero que archiven la causa, porque no he cometido ninguna ilegalidad ni ninguna desobediciencia. Lo que he argumentado es que no se protegían los derechos de las víctimas y, en segundo lugar, que yo estaba sometido a un primer expediente disciplinario en el que me acusaban de no querer investigar el caso iDental y el informe que hice y que me pedían era la prueba de que había realizado mi trabajo. Era un derecho de mi defensa disponer de ese documento autentificado. Por esos dos motivos consideré que la orden de mis superiores no se ajustaban a derecho. Un funcionario público no está obligado a cumplir con una orden que no se ajuste a derecho”, explicó Carlos Yáñez-Barnuevo al término de su comparecencia ante el juez.
La defensa del inspector de Salud solicitó la nulidad de las actuaciones y que testifiquen cuatro altos cargos de la anterior cúpula de la Consejería de Salud, a saber: la exconsejera Marina Álvarez; el que fuera Secretario General Técnico, Antonio Serrano Cugat; María Ángeles Fernández Ferreiro, delegada territorial; y Fernando Morín Puerto, director de la inspección provincial de servicios sanitarios de Sevilla. La defensa entregó también al juez un informe de 39 páginas del catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire en el que se concluye que “esa condición de interesado en dicho procedimiento disciplinario ampara el derecho del funcionario actuante a obtener copias autenticadas de la documentación que entrega en aplicación de un elemental derecho de defensa”. Carlos Yáñez-Barnuevo contó ayer en las puertas de los juzgados con el apoyo de un grupo de afectados de la Asociación Sevillana Afectados Idental (ASAI).
