Familiares de alrededor de medio centenar de personas que fueron enterradas en la fosa común de Pico Reja del cementerio hispalense de San Fernando han comenzado a acudir este martes al Laboratorio Municipal de Sevilla para someterse a una extracción de ADN que pueda servir para localizar e identificar los restos de sus familiares casi 80 años después de que fueran asesinados tras la sublevación militar impulsada por Francisco Franco contra la República.
La concejal delegada de Educación, Participación Ciudadana y Edificios Municipales del Ayuntamiento de Sevilla, la socialista Adela Castaño, ha subrayado que se trata de un día "muy importante para la recuperación de la memoria en la ciudad y por el derecho de sus familiares de saber donde están", aunque considera que todo esto llega más tarde de lo que debiera.
En este marco, profesionales granadinos están tomando muestras de ADN en el Laboratorio Municipal, donde se han citado a unas 50 familias que han acudido ya a la Oficina de Memoria Histórica. El análisis dura entre seis u ocho semanas, aunque se puede tener que repetir el proceso y que el resultado tarde unas cuatro semanas más, teniendo en cuenta especialmente que estos restos de hueso que se analizan han estado 80 años en una fosa común con tierra. Además, existe un alto porcentaje, a veces más de la mitad, en los que no se consigue la identificación.
Tras la recogida y una vez formalizado el convenio con la Junta de Andalucía y la Diputación, "que está en su última fase de elaboración", se comenzará con la exhumación en Pico Reja, algo que espera que se pueda iniciar en 2018. "Vamos a poner todos los medios al alcance de las familias", sentencia Castaño.
Además, recuerda que este año se señalizará la fosa antigua y la del monumento, indicando que hay dotación presupuestaria y ya se están desarrollando los pliegos para su ejecución, por lo que espera que arranque en otoño.
La fosa de Pico Reja es una de las ocho constatadas en el cementerio de San Fernando y localizada bajo una zona ajardinada de forma triangular. Abierta a raíz del golpe de Estado de 1936, según los estudios de historiadores como José Díaz Arriaza, podría acoger los restos de más de 1.100 personas represaliadas por las tropas sublevadas desde el comienzo del alzamiento militar hasta el 31 de agosto de 1936.
REPRESALIAS, ASESINATOS Y PERSECUCIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS
Entre esas más de un millar de personas asesinadas podría encontrarse el padre de Pepita y Carmen Amado Roldán, de 92 y 86 años, quienes han acudido a realizarse la prueba de ADN. Ambas han relatado como sacaron a su padre, Rafael Amado Peña, concejal del Ayuntamiento de Sevilla, de su domicilio de San Julián de madrugada, mientras su madre tapaba con un delantal para que sus seis hijos no vieran la escena.
Pepita, que tenía diez años entonces, cuenta como su madre, que "quedó destrozada con 40 años", iba a buscarlo con comida y una manta a la cárcel y a otros lugares por si por si estuviera retenido allí hasta que un vecino le contó que lo había visto muerto en las tapias del cementerio. Ambas afirman que sólo quieren poder enterrarlo, "como una persona que es y no como lo trataron como un perro", tras lo que han destacado la bondad de este servidor público y las "muchas obras de caridad" que hizo en vida.
También era un servidor público el padre de Mercedes, única descendiente que queda de Aurelio Vera Dávila, que fuera alcalde de Maguilla, en Badajoz, y quien ha relatado la historia de su padre, a quien "pasaron por las armas" el día 26 septiembre de 1936, cuando ella tenía tres meses de vida. "La familia de mi madre era de derechas e incluso no quería que se hubiera casado con mi padre, que era socialista, por eso todo este tema era tabú. Allí no se hablaba", indica, explicando que su padre "se jugó mucho con su capital por ayudar a quien lo necesitaba".
"NO PUEDO OLVIDAR. MURIÓ POR SU FORMA DE PENSAR Y ESA ES MI HERENCIA"
De su lado, Lourdes Farratel ha contado la historia del director del periódico 'Canela en Rama' y restaurador de cuadros, Joaquín Farratel González, su abuelo y esposo de la hija del entonces alcalde de San Juan de Aznalfarache, "un hombre político y culto" cuya historia ha conocido recientemente. "Fue un ajuste de cuentas porque era muy comprometido. Mi padre se quedó huérfano a los siete años de padre, raparon a su madre , que se fue a la calle con sus seis hijos, le tiraron la casa abajo y nos quitaron todo y digo nos porque yo soy su hija", recalca.
Señala que las cenizas de su padre descansan en el monolito de los represaliados del franquismo en la fosa del monumento, donde irían los restos de su abuelo si consiguiera identificar "al menos una falange de su dedo". "Mi padre era maravilloso pero ha sufrido toda la vida porque nunca superó eso y tuvo que irse desde pequeño a mendigar para sobrevivir", señala.
"Ha habido mucho silencio y no puedo olvidar porque es la historia de mi familia. Soy el producto de lo que ocurrió ese triste día, esa es mi herencia. Mi abuelo no mató a nadie, sólo tenía una manera de pensar y ayudaba a la gente. Esto no puede seguir en el silencio y en la impunidad, debe visibilizarse", sentencia.
EL MIEDO EN LAS FAMILIAS Y LA "LUZ" PARA HALLAR LOS RESTOS
También han estado presentes los sobrinos de Ramón y Antonio Sánchez, vecinos del Cerro del Águila, pertenecientes al Partido Comunista que fueron asesinados los días 22 de julio del 1936 y el 14 de abril del 1937, respectivamente. A Ramón lo mataron unos falangistas en el parque de María Luisa y dejaron su cuerpo tirado allí varios días a la espera de que su familia fuera a buscarlo, algo que no hicieron por miedo.
Antonio, al que llamaban 'el practicante' porque tenía conocimientos de sanidad, lo acusaron "en el juicio sumarísimo que le hicieron de haber auxiliado a los vecinos del Cerro y Amate en las inundaciones del Tamarguillo en las instalaciones del Partido Comunista". "Nuestro padre, hermano de ambos, que también militaba en este partido, tenía terror y no hablaba del tema", advierten Ramón y Ana Sánchez, que indican que él no podría imaginarse que hubiera llegado este día.
Igualmente, Joaquín Camero Romero ha entregado su muestra de ADN para intentar identificar a su abuelo, Carlos Romero Troncoso, que no estaba implicado en "asuntos políticos" y que "fue asesinado en 1943 por un ajuste de cuentas después de que se negara a cargar las escopetas de unos falangistas", quienes lo acusaron de participar en una "rebelión militar".
Ha destacado que se trata de "un día muy importante para todos nosotros", recordando a su madre, que ha estado al tanto de todos los avances en este asunto pero que falleció hace tres meses. "Es el inicio de una luz para encontrar los restos de mi abuelo y que puedan volver de donde lo arrancaron, a Guadalcanal", añade, recordando que éste "no murió en una contienda militar, sino por defender su dignidad".
