El Colegio Profesional de Podólogos de Andalucía considera “urgente” que la figura del podólogo forme parte del sistema sanitario público andaluz, lo que permitiría atender al millón y medio de personas que padecen diabetes y que podrían desarrollar el síndrome del pie diabético, patología en la que es clave la atención preventiva y que podría afectar a 200.000 personas.
Debido a los múltiples casos de diabetes, según el Colegio Profesional de Podólogos, más de tres casos de cada mil pacientes han sufrido amputaciones derivadas del pie diabético. "Estas amputaciones podrían haberse evitado si se hubiera atendido a tiempo", señala Jorge Barnés, presidente del Colegio de Podólogos. Además, cuando se tiene que proceder a la amputación de un pie, con el paso del tiempo es probable que se tenga que amputar el otro. Barnés dice que "no hay que llegar a esto" y afirma que "a pesar de que lo económico no nos importa, porque lo verdaderamente importante es lo social y psicológico, a la sanidad pública una amputación le cuesta 12.000 euros".
Por tanto, para no llegar ante tal punto, que es el “mal mayor” de la enfermedad, Barnés considera que "nuestra función es trabajar en la prevención de estos riesgos, porque estamos ante un problema serio". A pesar de que la diabetes es el problema que más resalta en la podología, debido a su gravedad, también existen otros problemas cotidianos, como una callosidad, una podología deportiva de alto nivel, un mal apoyo plantar, una uña que se clava en la piel y muchos más problemas que requieren de un tratamiento, antes de que el problema se extienda.
A esta reivindicación se ha sumado la Unión de Consumidores de Andalucía, cuyo presidente, Juan Moreno, ha resaltado la importancia que tiene escuchar a los usuarios y a los profesionales que intervienen en el sistema sanitario público, ya que "gracias a ellos se pueda conseguir una mejora del funcionamiento del conjunto de las prestaciones sanitarias".
Moreno afirma que "el sistema andaluz está perfectamente capacitado para incluir este servicio en su sanidad pública, ya que no supone un gran esfuerzo económico". El propio Barnés ha argumentado que en este último año, comunidades como Cantabria, Valencia o las Islas Canarias, tienen incluida esta prestación en sus sistemas de salud públicos.
