El Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla tiene fijado para el martes de esta nueva semana, una vista oral destinada a resolver los cargos que pesan contra el activista Lagarder Danciu, protagonista de diferentes acciones para las personas sin hogar, por presuntos delitos de atentado a la autoridad y de lesiones leves, en el marco del desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en 2015 en el paseo de Juan Carlos I de la ciudad hispalense.
A través de un auto emitido el pasado 26 de septiembre y recogido por Europa Press, la citada instancia judicial da cuenta de la apertura de juicio oral contra el conocido activista, quien después de los hechos sometidos ahora a juicio protagonizó la conocida irrupción en un acto político celebrado a finales de mayo de 2016 por el PP en el madrileño parque del Retiro, con la presencia del entonces candidato del PP a la reelección como presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
Lagarder Danciu, además, fue recientemente detenido en Málaga, a cuenta de su comportamiento en una protesta a favor del derecho a la vivienda celebrada en uno de los actos programados en la capital de la Costa del Sol con motivo del Día de la Constitución.
De cualquier modo, tras dar cuenta de la apertura de juicio oral en su contra, el Juzgado de lo Penal número siete de Sevilla ha fijado para este martes 17 de enero la vista oral.
EL DESALOJO DEL CAMPAMENTO "DIGNIDAD"
Volviendo a los incidentes acontecidos en Sevilla el 21 de octubre de 2015 durante el desmantelamiento del asentamiento ilegal instalado en el paseo de Juan Carlos I, hechos por los cuales será enjuiciado este activista el próximo 17 de enero, la Fiscalía expone en un escrito que Lagarder Danciu se habría "opuesto a la actuación" de la Policía Local hispalense, propinando incluso "varias patadas" a uno de los agentes.
En el escrito de la Fiscalía, recogido por Europa Press, el Ministerio Público rememora el desmantelamiento de este asentamiento denominado "campamento dignidad" por las personas que allí habitaban, en demanda de un giro en las políticas sociales. Reclamaban, entre otras cosas, "el derecho a un cobijo digno para las más de 800 personas sin hogar de la ciudad que llevan décadas sufriendo el maltrato institucional", según los promotores de la acampada.
El despliegue de la Policía Local para este desalojo, según las hemerotecas, estuvo acompañado de un equipo de los servicios sociales municipales y de la Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies), así como de un dispositivo de limpieza.
"PROBLEMAS DE SEGURIDAD"
El Ayuntamiento defendía la necesidad de desmantelar el asentamiento para prevenir "problemas de seguridad y salubridad", ofreciendo a todos los afectados, un total de 16 personas, alojamiento en el centro municipal de acogida hasta el mes de febrero de 2016. La Plataforma Ciudadana por la Democracia y la Transparencia, promotora de esta denominada "acampada dignidad", denunciaba de su lado que los afectados no fueron avisados del desalojo y sólo se les dio "15 minutos" para recoger sus pertenencias, sin permitir la retirada de objetos que no pudiesen ser llevados por sus manos.
El asunto es que durante el desalojo, de cualquier modo, fue detenido el conocido activista Lagarder Danciu, quien según la Fiscalía "se opuso a la actuación policial colocándose en el centro de la calzada, con riesgo de ser atropellado por algún vehículo" e incluso habría "propinado varias patadas" a un gente de la Policía Local que intentaba "disuadirle".
El Ministerio Público, en ese sentido, le atribuye "un delito de atentado a agente de la autoridad y un delito leve de lesiones", reclamando para él un año de cárcel, una multa de 360 euros y una indemnización de 150 euros en favor del agente supuestamente agredido.
