La expropiación del conocido edificio Laredo (por el nombre del bar que lo ocupaba) le costará al Ayuntamiento un “ojo de la cara”, ya que de los 31 millones de pesetas (186.313 euros) en que lo valoró inicialmente hace 24 años se ha pasado, tras un prolongado periodo de tasaciones, retasaciones y acumulación de intereses de demora por diversas sentencias judiciales en contra del Consistorio, a 6.073.073,48 euros.
Hay que recurrir a la Hemeroteca para tratar de reconstruir las vicisitudes del emblemático edificio regionalista, próximo a las Casas Consistoriales, y del proceso mismo de expropiación.
A finales del siglo XX, la propietaria del inmueble -que ya presentaba signos de deterioro- era la Compañía Internacional de Seguros (Cissa), la cual inició su rehabilitación con la preceptiva licencia municipal. Sin embargo, esta compañía fue intervenida por el Ministerio de Hacienda y sus activos, entre ellos el Laredo, acabaron en manos de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras (Clea), en el año 1985.
Las obras se paralizan y el deterioro del edificio se acentúa. Ya con Rojas-Marcos de alcalde, en 1991, el Ayuntamiento declara incumplido el deber de conservación por la propiedad y en febrero de 1992, dos meses antes de la inauguración de la Expo, el Pleno acuerda iniciar el proceso de expropiación con el fin de salvar el inmueble y de ampliar los usos representativos de las Casas Consistoriales, a las que se dice se uniría mediante un túnel.
El gobierno local valoró el Laredo en 31 millones de pesetas (186.313 euros) y los propietarios en veintitrés veces más: 720 millones de pesetas (4.327.287 euros). Éstos acusaron al Ayuntamiento de pretender pagar el metro cuadrado a menos de 20.000 pesetas (120 euros) en una zona donde se cotizaba a más de 400.000 (2.404 euros). Ante el desacuerdo, el expediente de expropiación fue remitido en septiembre de 1992 a un órgano independiente para que decidiera, el Jurado Provincial de Expropiaciones.
Ante la Justicia
Van pasando los años y el Jurado de Expropiaciones no adopta ninguna resolución. Entre tanto, una nueva empresa, Rosma, se hace con el inmueble y en agosto de 1996, con Soledad Becerril de alcaldesa, pide la caducidad del expediente de expropiación o bien, de forma subsidiaria, la retasación, por considerar que el Ayuntamiento ni había tomado posesión del edificio ni lo había rehabilitado, por lo que no se habían cumplido los fines de la expropiación. Rosma puso como ejemplo de la desidia municipal que ante el penoso estado del inmueble, el Ayuntamiento se vio obligado a tapar la fachada con un gran repostero para evitar que desluciera la imagen de la ciudad durante la boda de la infanta Elena.
La siguiente noticia sobre el Laredo la hallamos en 2001, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) condena al Ayuntamiento al pago de 1.800.000 euros por haber hecho una valoración a la baja en unos procesos de expropiación de edificios, entre ellos el del bar Laredo.
El Jurado Provincial de Expropiaciones habría otorgado una valoración al Laredo de 110 millones de pesetas (661.000 euros), muy distante de los 186.313 estimados por el Ayuntamiento y de los 4.327.287 euros exigidos por la propiedad.
Retasaciones
El diferendo acaba de nuevo en los tribunales. El TSJA ordena en septiembre de 2007 una retasación, con fijación de un nuevo justiprecio. Dos años más tarde (junio de 2009), la Comisión Provincial de Valoraciones eleva el valor a 2.341.270,76 euros, cantidad que abona el Ayuntamiento, con Monteseirín de alcalde.
Sin embargo, los propietarios del edificio, entonces Desarrollos Inmobiliarios Grupo Gaudir II, no están conformes e interponen un recurso. Tres años después, el TSJA lo estima parcialmente al considerar que en la retasación había que tener en cuenta el valor comercial para toda la edificabilidad del inmueble, más un premio por afección.
La sentencia es recurrida tanto por la propiedad como por el Ayuntamiento y en febrero de 2013, ya con Zoido de alcalde, se fija un mayor importe de retasación, en 2.244.014,83 euros, y además se condena al Ayuntamiento al pago de intereses de demora desde el 31 de mayo de 2001 (medio año después de solicitada la retasación) hasta noviembre de 2012 por valor de 1.221.856,76 euros.
La Gerencia de Urbanismo no constituyó ninguna caución o garantía para el pago de esos intereses de demora confiado en los recursos pero fueron desestimados por el TSJA con fecha 23 de marzo de 2015, por lo que al llegar Espadas al gobierno se encontró con que los intereses de demora sumaban 1.487.787,89 euros a fecha 31 de diciembre de 2015. La factura total de la expropiación hasta ahora se eleva a 6.073.073,48 euros, casi 33 veces más de lo que quiso pagar el Ayuntamiento en tiempos de Rojas-Marcos como alcalde.
