La Policía Nacional ha finalizado con 28 detenciones la investigación que llevaba a cabo sobre una empresa ficticia en Sevilla que supuestamente se dedicaba a contratar a trabajadores a los que daba de alta para que cobraran posteriormente prestaciones de desempleo, pero sin abonar a la Seguridad Social las cuotas de sus seguros que se quedaban ellos, llevando a cabo una doble estafa.
Según informa la Policía en un comunicado, la operación, que se ha llevado conjuntamente con la Inspección de Trabajo, se ha saldado con la detención de 24 supuestos beneficiarios de las prestaciones y de los cuatro presuntos integrantes de la empresa ficticia dedicada a las revisiones del gas y a través de la cual defraudaban a la Seguridad Social.
Supuestamente captaban a sus clientes entre personas que se encontraban en una situación económica precaria, por hallarse en desempleo o no reunir los períodos mínimos para acceder a la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo.
Una vez puestos en contacto con ellos, les ofertaban contratos de trabajo falsos con el consiguiente alta en la Seguridad Social por el tiempo que necesitaban hasta completar el periodo necesario para cobrar el subsidio de desempleo, pero sin llegar a ingresar, en ningún caso, el dinero correspondiente a sus seguros, añade el relato policial.
Estos trabajadores debían, a cambio, aportar distintas cantidades de dinero que eran abonadas en ocasiones en el mimo momento de la formalización del contrato y tramitación del alta en la Seguridad Social, y otras realizando pagos sucesivos.
Cuando los trabajadores reunían el período mínimo de carencia, eran dados de baja en la empresa ficticia, que le aportaba además la documentación necesaria para que pudieran acudir al Servicio Público de Empleo Estatal y, de esta forma fraudulenta, obtener prestaciones y subsidios por desempleo.
La empresa se apropiaba del dinero que correspondía a la Seguridad Social sin llegar a ingresarlo, lo que ha generado una deuda de más de 78.000 euros, así como un cobro indebido de prestaciones por importe de más de 52.000 euros.
Además, a todo ello la Policía une la práctica habitual de tener una persona como cabeza visible del entramado, es decir, el empresario que hace funciones de testaferro y cuya finalidad es ocultar la verdadera identidad de los responsables, la localización de las empresas y, en definitiva, eludir tanto las acciones ejecutivas de la Seguridad Social como la responsabilidad penal.
La operación ha sido realizada por la Brigada de Extranjería y Documentación de la Policía Nacional en colaboración con la Inspección de Trabajo.
