El Ilustre Colegio de Abogados de Sevilla se enfrenta este miércoles a la elección más disputada de los últimos años, quizás sólo comparable a la que encumbró hace veinte años al decano que actualmente opta a la reelección, José Joaquín Gallardo. Entonces hubo ocho candidaturas; ahora son cinco las presentadas, cuatro con un mismo objetivo: desbancar a Gallardo y al inmovilismo e inercia instalada en un colegio que, aseguran, ni representa ni identifica a una profesión que quiere ejercerse con dignidad.
Ondaluz Sevilla Televisión ha dado la oportunidad a todos los candidatos a presentar sus programas y sólo Luis Felipe Pajares declinó la oferta. La necesidad de renovar el colegio, democratizarlo, abrirlo a la participación y hacer de la institución un verdadero ente que defienda y dignifique al abogado son ejes comunes de todas las candidaturas, aunque también las críticas a las dificultades que el Colegio está poniendo para el ejercicio del sufragio, tanto por establecer como única sede de voto la de la calle Chapineros como los requisitos para votar por correo.
El que exige un quórum de legitimidad que dice no tener Gallardo, pues sólo votó el 10% de los más de 7.000 abogados colegiados, es Tomás Gamero, que entiende que el Colegio necesita “más músculo democrático”, insistiendo en que el hecho de que existan cinco candidaturas lo que evidencia es que se necesita un cambio, porque para él, con independencia de que Gallardo se volviera a presentar o no, es necesario renovar el Colegio de Abogados.
Gamero asegura que se presenta “con las manos libres para hacer las reformas necesarias”, porque “no atendemos a intereses mediáticos, políticos y económicos”, un extremo que sí se puede dar en la actual Junta de Gobierno porque, tras veinte años, “se crean filias y fobias, y en este caso hay muchas filias”, asegura.
La candidatura de Tomás Gamero marca ciertos criterios en su programa: transparencia, integración y participación, tanto en lo interno como en lo externo. Y da ejemplos: listas abiertas en sustituciones, guardias y escuela forense, que ofrezcan una transparencia en los criterios de elección que ahora no las hay; publicación en la web de presupuestos, cuentas y actas, extremo que no se facilita públicamente en la actualidad; y participación en todos los procesos en los que actúe el colegio, como en la corte de arbitraje, con criterios de libre concurrencia, transparencia y capacidad.
Gamero destaca el problema añadido de que los abogados estén desincentivados a la hora de votar a las elecciones del Colegio porque no lo consideran un servicio necesario sino sólo obligatorio. Pero sí lo es: para defender la dignidad de los abogados, prestar la función social que verdaderamente tienen y para ser “beligerantes” con el pago de los turnos de oficio y arbitrar entre los diferentes sectores de la abogacía.
Aunque prefiere no cuantificar la rebaja de cuota que propone (se pagan 40 euros al mes más varios extras y pluses), sí que está de acuerdo con que nunca exceda el servicio que se presta, restando los gastos superfluos (revista, listín de Navidad, etc).
Pablo Ollero
La candidatura más activa y la más crítica con Gallardo, Cambiar para avanzar, la encabeza Pablo Ollero, que ayer mismo criticaba que el actual decanato haya acumulado en los dos últimos años 1,2 millones de superávit “sin que haya repercutido en ningún tipo de mejoras en los servicios para los colegiados”.
Ollero, que ha denunciado las “argucias” de Gallardo para limitar la libertad de voto de los abogados, tiene claro que tras veinte años “no quiero que el decano sea mi padre sino que se parta la cara por mí”, apuntando que los letrados no están “ni representados ni identificados” con el colegio actual.
Su candidatura quiere “romper con la inactividad”, más aún ante la idea que se está trasladando de que “sólo hay una persona capacitada” para dirigir el Colegio, cuando este sector es diverso y sus representantes, “de menos ojana y de más compromiso”.
Para Ollero, el Colegio que dirige Gallardo “no ha estado al frente” de la función pública que le corresponde, garantizando la prestación de un servicio con calidad y dignidad. Para Ollero se ha estado más bien callado en cuestiones como las tasas judiciales, la ausencia de protocolo para atender a los detenidos o sin exigir a la Junta que abone los turnos de oficio, sobre todo porque se le adelantan al año 900.000 euros para garantizar un servicio que se paga mal y muy tarde.
Según Ollero, el Colegio ideal sería aquel en el que el letrado no se sintiera obligado sino identificado y dignificado, “no sentados esperando 40 euros al mes del colegiado y luego organizar cursitos de manera anárquica o que cualquiera que llegue organice una conferencia.
Sí que ironiza con la forma en la que ha llevado a cabo las elecciones por parte de la dirección que encabeza Gallardo: sin permitir que haya más sedes que la central cuando hay 7.700 abogados en la capital y provincia, escudándose en los estatutos o dificultando el voto por correo. Si hay mucha participación, “vamos a tener un problema de orden público porque no caben mil abogados votando en la calle Chapineros”.
Carrión frente al personalismo
José Manuel Carrión, de la Asociación de Abogados Independientes de Sevilla (Adais) quiere “revolucionar” el ICAS democratizándolo frente al personalismo de Gallardo.
Entre sus propuestas, dignificar la profesión -”evitar el tratamiento hostil desde el estrado”- y evitar situaciones de esclavismo, más cercanía a los problemas sociales, rebaja de la cuota a 20 euros, fijar protocolos de actuación, más transparencia y agilizar la gestión de colegio.
Gallardo, con el aval de los hechos y con la experiencia adquirida
José Joaquín Gallardo se presenta a la reelección como decano “con el aval de los hechos y la experiencia adquirida”, que cree le servirán para afrontar los retos del Colegio. Aunque reconoce que “terminaron convenciéndome” para que se volviera a presentar, asegura que tiene un “subidón de moral colegial” y que, como ocurre con muchos alcaldes, en el colegio se vota “a la persona”. “Si hay una empatía, por algo será”, dice mientras rechaza las limitaciones estatutarias.
Defiende el trabajo que ha realizado durante estos últimos veinte años (asistencia gratuita, servicios especializados, el euro solidario...) y, de cara al futuro, ve como principal reto la futura ley de Colegios Profesionales o reconducir las tasas judiciales tras la llegada del nuevo ministro, esperando que vuelva el Pacto por la Justicia que el PSOE rompió en 2003.
No le agradan las filtraciones a los medios y adelanta que, si gana, ofrecerá su propia solución a la Ciudad de la Justicia “a la señora que ha de conocerlo”.
Les dejamos los enlaces de las entrevistas realizadas por Ondaluz Sevilla Televisión a cuatro de los cinco candidatos:
