El juzgado penal 1 de Sevilla ha condenado a tres meses de cárcel a un vecino que levantó un chalé de 66 metros cuadrados en la urbanización Las Minas de Castilblanco de los Arroyos (Sevilla), en una sentencia que le impone además su derribo pese al decreto andaluz de legalización.
Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el acusado Enrique José J.J. compró una parcela en marzo de 2003 y levantó sin licencia un chalé de 66 metros cuadrados, en cuya construcción fue sorprendido por la Guardia Civil en diciembre de 2005.
Pese al decreto andaluz de enero de 2012 que legalizará unas 250.000 viviendas de este tipo en zona forestal, la sentencia incluye la demolición, a costa del propietario, de todo lo levantado porque "no ha quedado acreditado que la obra sea susceptible de legalización".
La legalización "es un hecho futuro e incierto, que podría no ocurrir nunca, por lo que permitir la pervivencia de la edificación realizada supondría mantener y justificar la ilegalidad de la construcción", dice el juez.
La sentencia fue alcanzada de conformidad con el acusado e incluye la absolución de su esposa, tras la retirada de la acusación por parte del fiscal, ya que no consta que conociera las obras emprendidas por su marido.
Esta condena es similar a la dictada contra varios centenares de propietarios de la urbanización Las Minas y el juez razona en su fallo que "podría argumentarse que son muchas las construcciones similares, y aún mayores, en dicho paraje, pero ello no supone ninguna disminución de la gravedad de los hechos, sino todo lo contrario, su mayor gravedad, pues cuanta mayor sea la acumulación de construcciones, mayor es el perjuicio total causado".
La diferencia respecto a una futura legalización de este tipo de viviendas es que la que pueda levantarse en el futuro "ya no sería la misma", puesto que "sería legal, mientras que la actual es ilegal", añade la sentencia.
Explica el juez que este tipo de condenas son necesarias "ante el fracaso de la actuación administrativa en materia de disciplina urbanística, de la cual la mera existencia de asentamientos como Las Minas es un ejemplo palpable" y ante las cuales el Derecho Penal "se configura como el mecanismo más radical de protección de los bienes jurídicos afectados".
Junto a los tres meses de cárcel y la demolición del chalé, el propietario es condenado a seis meses de multa, con cuota diaria de dos euros, y un año de inhabilitación para cualquier oficio relacionado con la construcción.
