La funcionaria Regla Pereira, exdirectora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla, ha quedado definitivamente exculpada del caso al no haber recurrido ninguna de las acusaciones su absolución tras el juicio con jurado que se celebró en octubre pasado.
El abogado de Pereira, Carlos Galán, ha informado a Efe de que la absolución de su cliente no ha sido recurrida por la Fiscalía de Sevilla, que inicialmente pidió para ella 21 meses de inhabilitación y 900.000 euros de multa, ni por los actuales responsables de la Fundación Mercasevilla, que ejercieron la acusación particular.
El caso llegará al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) porque han anunciado su recurso los tres condenados: el exdelegado de la Consejería de Empleo Antonio Rivas y los exdirigentes de Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, aunque el alto tribunal no deberá pronunciarse sobre Pereira, ha añadido el letrado.
Se da la circunstancia de que, pese a la absolución de la funcionaria, el pasado 10 de octubre -durante la celebración del juicio con jurado- un juzgado Social de Sevilla declaró procedente su despido de Mercasevilla dado que su imputación en una causa penal es causa de pérdida de confianza.
Pereira, que trabajaba en Mercasevilla desde el 2003, fue objeto de un despido disciplinario en noviembre del 2011 por falta muy grave, derivada de su imputación por la presunta petición de la comisión ilegal de 450.000 euros.
Según el juzgado de lo Social, "con independencia de lo que se decida en la causa penal, haya pronunciamiento condenatorio o se absuelva", los hechos imputados evidencian la pérdida de confianza de la empresa en la demandante, lo que es causa de despido.
Tras el veredicto de culpabilidad del jurado popular, el magistrado que lo presidió impuso a cada uno de los tres condenados 21 meses de inhabilitación para empleo o cargo público y 600.000 euros de multa por un delito de cohecho al intentar cobrar de una comisión ilegal de 450.000 euros.
En la sentencia se recogió que los acusados eran conocidos de los representantes del Grupo La Raza, a los que se dirigió el soborno, ya que habían intervenido en conversaciones previas a la confección del proyecto de formación y solicitud de la escuela de hostelería, y por sus cargos, "daban a entender que tenían competencia para decidir" sobre la gestión y concesión de la misma.
Se trató de una autoría conjunta del delito de cohecho por la actuación de Rivas, "ideando el soborno", contactando con Mellet y, a través de este, con Ponce, "quienes aceptaron realizar la petición de dinero que les planteaba, en beneficio propio o de terceros".
Para el magistrado presidente del tribunal del jurado, Ángel Márquez, las pruebas indiciarias permiten llegar "de forma lógica" a la consideración de que Rivas tuvo una "participación principal" en el soborno.
