El personal del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla, donde ejerció de titular el magistrado Francisco Serrano hasta ser condenado por un delito de prevaricación por modificar el régimen de visitas de un menor de edad para que pudiera salir en una cofradía de la Semana Santa sevillana, lamenta "profundamente" que Serrano, "juez de familia por vocación, haya sido expulsado de la carrera judicial".
En un escrito remitido a Europa Press, "y desde el respeto a la resolución" dictada por el Tribunal Supremo (TS) que condena al juez Serrano a diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación dolosa, el personal del Juzgado ha querido trasladar "su apoyo y solidaridad" con el magistrado, a quien inicialmente el TSJA condenó a dos años de inhabilitación por un delito de prevaricación culposa.
De este modo, el personal del Juzgado de Familia número 7 de Sevilla ha querido hacer constar que Francisco Serrano "ha sido un juez trabajador, honesto y preocupado siempre por los menores, manteniendo siempre mucha empatía con el personal del Juzgado y una verdadera vocación de servicio público".
"Igualmente, queremos manifestar que lamentamos profundamente que Francisco Serrano, juez de Familia por vocación, haya sido expulsado de la carrera judicial", concluye el personal del Juzgado en el escrito remitido a Europa Press.
Recurso ante el TC
Serrano, que ya anunció que recurrirá el fallo ante el Tribunal Constitucional (TC), señaló durante una rueda de prensa que "me han apartado de juez pero no de la Justicia", por lo que a partir de ahora ejercerá como abogado "especialmente dedicado a defender la igualdad y el interés superior del menor", pues "prefiero ser un abogado libre a un juez esclavo del miedo y de la presión política".
Asimismo, dijo que "desde el punto de vista de gran parte de la sociedad, el interés y motivo que realmente subyace en este procedimiento, ante su absurdo, incoherencia y desproporción, ha sido desde el principio el de pretender expulsarme de la carrera judicial por ser un juez molesto al lobby de género", el cual "seguro que ha brindado con champán".
A su juicio, "esas sospechas de la opinión pública" se remontan al 24 de diciembre de 2009, cuando, en rueda de prensa, "ese lobby ya anunció que pedirían al Consejo mi expulsión de la carrera judicial por mi parcialidad en el ejercicio profesional, y que estudiarían si presentaban una denuncia por prevaricación".
"Mi vida ha sido un infierno"
Dicha rueda de prensa "se convocó justo al día siguiente" de que la vocal del CGPJ y presidenta del Observatorio de Violencia de Género "hiciera unas declaraciones en las que advertía de las posibles responsabilidades en que podría haber incurrido por las críticas a la ideología de género y advirtiera de los efectos perversos que estaba produciendo la Ley de Violencia, incluso en contra de las mujeres maltratadas".
"Desde entonces mi vida ha sido un infierno", dijo Serrano, ya que a la denuncia por prevaricación hay que sumar la apertura de seis expedientes disciplinarios, todos archivados. "Siempre he desempeñado mi trabajo con rectitud y en conciencia, llevando con gran esfuerzo el Juzgado al día y procurando defender y dar tutelas a los intereses de los más débiles, especialmente los niños", por lo que, tras la resolución "dictada por tres magistrados" del TS --puesto que los otros se han posicionado en contra a través de un voto particular-- , "siento pena y desilusión, pero no sólo por mí, sino por el Estado de Derecho y la propia Justicia".
A su juicio, la "politización" de la Justicia y "el sometimiento a la dictadura de lo políticamente correcto ha truncado con las garantías de independencia e imparcialidad de los jueces", añadiendo que, con la sentencia que lo condena, "se ha dado una vuelta de tuerca contra el principio de presunción de inocencia, puesto que se ha limitado a dar por probado lo que afirmaba la madre denunciante en su querella". "Esos tres magistrados dan por cierto lo que, en otras ocasiones, se han considerado meras conjeturas, suposiciones, rumores, chismorreos y habladurías", criticó.
"Es la primera vez en España en la que Supremo dicta una sentencia condenatoria por prevaricación con votos particulares que se pronuncian incuestionablemente por la absolución", afirmó, recordando además que otro magistrado del TSJA y tres de la Audiencia Provincial de Sevilla se pronunciaron en el mismo sentido y "dictaminaron la procedencia y legalidad de la actuación y decisión adoptada, afirmando que resultaba incuestionable la competencia del Juzgado de Familia y que razones de urgencia en interés del menor la justificaban incluso sin tener que oír al padre y la madre".
