Izquierda Unida afirma que existe un malestar generalizado de la ciudadanía isleña debido al deterioro de la calidad de la atención personal en las oficinas bancarias de San Fernando. "Hay que tener en cuenta que la banca está llevando a cabo desde hace años cierre de sucursales y despido de personal, lo que ha obligado a reducir el horario de atención al público y la calidad de dicha atención. Además, obliga a la clientela a realizar operaciones bancarias sin asesoramiento personal", asegura Gonzalo Alías, coordinador local de IU y del Núcleo Comunista Pepe Casado.
El pasado 19 de enero de 2021 fue aprobado por el Consejo de Ministros un Decreto-ley por el que se modifica la Ley General de Derechos de los Consumidores y Usuarios, donde se ha incorporado la figura de la persona consumidora vulnerable, añadiendo a la normativa nacional una referencia expresa a estas personas o colectivos en aquellos aspectos relativos a las relaciones de consumo donde sus derechos requieren de una protección reforzada.
De hecho, hay que tener en cuenta que incluso FACUA-Consumidores en Acción considera que la negativa de los bancos a dar atención personal a consumidores supone una vulneración de la legislación bancaria y del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Al igual que a las administraciones públicas, por primera vez se incluye en la ley de forma expresa la obligación por parte de las empresas de prestar los apoyos necesarios a las personas consumidoras vulnerables para que puedan comprender correctamente el contenido de los contratos que firman.
Según esta normativa, hay que destacar qué perfiles entrarían dentro de la definición de persona consumidora vulnerable: las personas de edad avanzada con un bajo nivel de digitalización; personas con discapacidad funcional, intelectual, cognitiva o sensorial con dificultades ante la falta de accesibilidad a la información según sus necesidades; personas con bajo nivel educativo a la hora de firmar contratos complejos y personas mayores no habituadas a utilizar la tecnología de compras on-line.
Por este motivo, Izquierda Unida solicita al Ayuntamiento que obligue al conjunto de las entidades bancarias que operan en la ciudad a reforzar los recursos para ofrecer un servicio adecuado durante todo el horario de oficina, con el fin de cubrir las necesidades de la ciudadanía, en especial a la gente mayor que no puede acceder a las gestiones en línea y se ve abocada a situaciones penosas a la hora de acceder a las sucursales bancarias.
"Pedimos también que se amplíe la tasa o tributo a los cajeros de entidades bancarias que descuidan la atención de las personas vulnerables", defiende Alías.
IU-La Isla también considera necesario reforzar la Oficina Municipal de Información y Consumo ante las nuevas modificaciones de ley y proteger de esta manera a los consumidores vulnerables.
