El Gobierno ha sellado este miércoles un acuerdo con los sindicatos UGT y CCOO para reformar la prestación asistencial por desempleo, uno de los hitos pendientes con Bruselas, y que ahora deberá lograr respaldo parlamentario para entrar en vigor en noviembre de 2024.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha sido la encargada de firmar con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez, "el acuerdo para la mejora de la protección asistencial de desempleo", sin el apoyo de las patronales.
En un comunicado, las patronales CEOE y Cepyme han reprochado al Ministerio de Trabajo la falta de "una verdadera negociación" y han vinculado la premura en la firma del acuerdo a las elecciones de Cataluña del próximo domingo.
La vicepresidenta, que ha agradecido la responsabilidad de los sindicatos, ha puesto también en valor las aportaciones de la CEOE especialmente en la compatibilidad de las prestaciones con el empleo, una de las novedades de esta reforma que en su versión anterior decayó el pasado mes de enero en el Congreso con el voto en contra de PP, Vox y Podemos.
"Esto no es ninguna paguita, es un derecho", ha subrayado Díaz, que ha destacado que se amplían colectivos, se simplifica el acceso a las prestaciones y mejora las cuantías.
Álvarez ha celebrado que se mantenga la sobrecotización para mayores de 52 años, punto de escollo que hizo decaer la anterior propuesta y que ahora se ha recuperado para sumar el apoyo de Podemos.
"Es una satisfacción llegar a este acuerdo", ha destacado Sordo, que ha hecho un llamamiento a las fuerzas políticas para que lo ratifiquen.
Los cambios entrarían en vigor en noviembre de 2024
Actualmente, cerca de 765.884 personas reciben este subsidio, cuya cuantía representa el 80 % del indicador de rentas múltiples (IPREM) -fijado en 2023 en los 600 euros-, es decir, unos 480 euros mensuales y que se cobra cuando se agota la prestación contributiva.
La intención es que la norma vaya al Consejo de Ministros el próximo 20 de mayo para iniciar después la tramitación en las Cortes.
Con carácter general, los cambios en estas prestaciones entrarían en vigor en noviembre de 2024.
Al detalle, la nueva propuesta eleva el porcentaje del IPREM para calcular el subsidio, ascendiendo en los primeros seis meses al 95 % del IPREM (unos 570 euros mensuales, 90 euros más), bajando al 90 % en los seis meses siguientes para situarse el resto del periodo, hasta completar un máximo de 30 meses, en el 80 % como en la actualidad.
Junto a esto se mantiene la cotización por jubilación de los perceptores mayores de 52 años en el 125 % de la base mínima vigente en cada momento aunque este subsidio queda en el 80 % del IPREM.
Además, la propuesta permite el acceso al subsidio a los menores de 45 años sin responsabilidades familiares, a los trabajadores eventuales agrarios, a las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla, y a quienes acrediten periodos cotizados inferiores a 6 meses y carezcan de responsabilidades familiares.
Como novedad se extiende el subsidio a las víctimas de violencia de género y a los emigrantes retornados y se equiparan las cuantías de los subsidios causados por personas con contrato a tiempo parcial con los de tiempo completo, lo que beneficia principalmente a las mujeres.
La reforma mantiene que se podrá percibir el subsidio mientras se trabaja por cuenta ajena, ya sea a tiempo completo o parcial, por un periodo máximo de 180 días sin reducción de la cuantía.
Además se amplía esta compatibilidad del trabajo a la prestación contributiva a partir de 2025, una vez transcurrido el primer año del cobro de la prestación, siempre que el salario percibido no supere los 18.900 euros brutos anuales, el equivalente al 225 % del IPREM actual en 14 pagas.
En ambos casos, este complemento será decreciente en el tiempo y disminuirá en función de la jornada de trabajo que se realice.
