El Juzgado de Instrucción número 1 de Almería ha ordenado a la Diputación de Almería la entrega a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil de una serie de expedientes de obras menores que, gracias a avisos por WhatsApp, habría rechazado a una de las empresas investigadas en el caso ‘Mascarillas’.
Dicha causa investiga supuestas adjudicaciones irregulares en la compra de material sanitario en la Diputación, dentro de la cual fue detenido el exvicepresidente tercero, Óscar Liria, y gracias a la cual la UCO valoró el año pasado en 945.297,61 euros la presunta mordida recibida por el empresario Kilian López.
López es además administrador de la sociedad Pulconal, adjudicataria de varios contratos de obras menores en la época como diputado de Fomento de Óscar Liria, intervenciones que según la UCO subcontrataba a otras empresas en lugar de ejecutarlas directamente.
La UCO consideraba asimismo que F.J.L.S., hermano de Óscar Liria, es el nexo de unión de Pulconal y Kilian López con la Diputación.
Ahora, en un auto dictado el pasado lunes y al que ha tenido acceso EFE, la magistrada responsable de la instrucción considera que existen “claros indicios objetivados de la presunta participación de las personas investigadas en la comisión de presuntos delitos contra la administración pública así como contra la hacienda pública”.
Entre estos investigados se encuentran Óscar Liria, su hermano, su tío Rodrigo Sánchez (alcalde del municipio almeriense de Fines), y la pareja de éste.
Según la UCO, Pulconal fue adjudicataria entre el 4 de diciembre de 2017 y el 28 de julio de 2020, de 15 expedientes de contratación por parte de la Diputación de Almería, por un importe conjunto de 375.939,05 euros, “en los que se había podido determinar, tras las investigaciones pertinentes, la participación preponderante en la tramitación de los mismos por parte” de Óscar Liria.
También apunta el auto a que la UCO considera que podría haber participado su hermano.
La UCO indica que de las conversaciones de WhatsApp analizadas “podían extraerse estas irregularidades en la tramitación de los expedientes de adjudicación, que pudieran ser constitutivas de adjudicación fraudulenta y dirigida de contratos públicos”.
En concreto, Pulconal habría sido avisada en algunos casos para no presentar oferta a ciertas obras o presentar una “no competitivas”, por ejemplo para obras en los municipios de Suflí y Bayarque, en los que resultó adjudicataria la mercantil OYC Servicios Urbanos.
“A la vista de ello, es por lo que los agentes, para continuar con la investigación en relación a la actividad de Pulconal (…), necesitan que se haga requerimiento al mencionado ente público en relación con determinadas contrataciones en las que fue adjudicataria OYC Servicios Urbanos, S.L.”, dice la juez.
Por ello, en el auto ordena a la institución provincial a facilitar a partir de las 09:00 horas del pasado lunes el listado de los expedientes de contratación adjudicados a OYC entre 2019 y 2021, y los expedientes de contratación completos de seis obras concretas ejecutadas en Bayarque, Benitagla, Suflí y Líjar. El importe total de todos alcanza los 223.501,71 euros.
También pide a la Diputación un informe relativo a la existencia o no, en el periodo comprendido entre 2017 y 2021, de normas o instrucciones internas relativas a la contratación menor que obligasen a la solicitud de varias ofertas en el marco de la tramitación de cada uno de los expedientes.
