La Sección Primera de la Audiencia Nacional ha continuado este lunes el juicio correspondiente a la pieza principal de la macro investigación de los contratos adjudicados a la empresa sevillana Fitonovo, por el presunto reparto de comisiones por parte de sus directivos a funcionarios y responsables institucionales a cambio de tales contratos públicos, una práctica que se habría prolongado durante al menos 15 años en varias provincias.
Durante esta sesión, los principales responsables de Fitonovo han ratificado los acuerdos alcanzados entre sus defensas y la Fiscalía, admitiendo además el delito por fraude a la administración pública que les atribuye la Abogacía del Estado, merced a un acuerdo alcanzado también con dicha institución; pesando además la personación en la causa de la Diputación de Sevilla y de la sociedad Campusport.
Fruto de dichos acuerdos, la Fiscalía ha admitido las atenuantes de dilaciones indebidas, de confesión y de reparación del daño, retirando el delito de blanqueo de capitales inicialmente apreciado en su escrito de acusación al considerar que el dinero ilícitamente obtenido por la trama fue "ennegrecido" y no blanqueado.
Mediante los citados acuerdos de conformidad con la Fiscalía, grosso modo, el creador de Fitonovo y primer presidente de la entidad, Rafael González Palomo; resulta condenado a 28 meses de cárcel, su hijo José Antonio González Baró, quien le sucedió al frente de la empresa, a 30 meses de prisión; el adjunto a la dirección de Fitnovo, Ángel Manuel Macedo Gajete, a 19 meses de prisión; y el director comercial, Juan Andrés Brugueras Foye, a 30 meses de cárcel, por un delito de grupo criminal en el caso de González Baró, Macedo Gajete y Brugueras Foye; por delito continuado de falsedad en documento mercantil para los cuatro y por delitos de cohecho en el caso de Rafael González Palomo, su hijo José Antonio y Brugueras Foyé, pesando además multas para los encartados.
Suspensión de las penas de cárcel
En paralelo, en el acuerdo se insta a la suspensión de las penas de cárcel para todos estos acusados, bajo la premisa de que las condenas de prisión individualizadas respecto a cada uno de los delitos no superan los dos años.
En un marco en el que según la Fiscalía, la dirección de Fitonovo "creó una infraestructura operativa y contable para obtener contratos públicos irregulares", habilitando "una red de contactos con funcionarios corruptos que les facilitaban dicha contratación y creando una contabilidad paralela que se nutría de una facturación falsa para, entre otros fines, financiar el pago de sobornos a funcionarios públicos"; Rafael González Palomo ha admitido este lunes ante el Tribunal que Fitonovo tenía una "doble contabilidad" con facturas falsas, señalando que esa "contabilidad B" respondía a pagos "concertados" con los funcionarios públicos involucrados en la trama.
González Palomo, quien ha explicado que tras crear la empresa estuvo al frente de la misma "hasta 2007 al caer enfermo", ha reconocido así "pagos a funcionarios" por los contratos cosechados por Fitonovo, un dinero que "se le entregaba" a tales funcionarios públicos, precisando que Ángel Manuel Macedo Gajete era el responsable de la citada contabilidad paralela y que Burgueras Foye se encargaba de la dirección comercial.
Así, este acusado ha ratificado que Fitonovo pagaba "comisiones" a los funcionarios públicos relacionados con los contratos públicos obtenidos.
La "segunda contabilidad" de Fitonovo
Su hijo. José Antonio González Baró, ha explicado que en 2007 comenzó a dirigir la empresa tras caer enfermo su parte y a partir de 2010 o 2011 actuó como "administrador único"; reconociendo igualmente que la sociedad emitía facturas falsas para pagar a funcionarios públicos por los contratos objetivos, abonándoles el dinero "principalmente en efectivo". Una "segunda contabilidad" que, según este acusado, estaba en manos de Ángel Manuel Macedo Gajete.
Los citados pagos, según ha reconocido, abarcaban a funcionarios de las administraciones como el departamento del Ministerio de Fomento en Cádiz, diputaciones como las de Sevilla, Jaén o Córdoba; ayuntamientos como los de Sevilla o La Carolina (Jaén), los cabildos de Las Palmas de Gran Canaria o Lanzarote; la Consejería andaluza de Obras Públicas o la Agencia Andaluza del Agua, entre otras.
Ángel Manuel Macedo Gajete ha admitido por su parte que él estaba encargado de la citada "contabilidad paralela" de Fitonovo, que esa era su "misión" específica, materializando los "pagos a las personas" que se le indicaban; reconociendo además el uso de facturas falsas en la operativa de la empresa. "Lo habitual era pagar en efectivo" a los funcionarios, según este acusado, quien ha admitido que es "posible" que también se recurriese a regalos como dispositivos tecnológicos.
Los "acuerdos" con los funcionarios
Brugueras Foye, por su parte, ha reconocido igualmente los citados pagos a funcionarios relacionados con los contratos públicos obtenidos por Fitonovo, "después de llegar a acuerdos" con los mismos, manifestando que el dinero era entregado "en efectivo" a dichos funcionarios y negando que él se apropiase de alguna cantidad destinada a dicho fin.
Según la Fiscalía, "la entrega de comisiones se ha prolongado durante al menos 15 años, afectando a múltiples Administraciones tanto estatales, como autonómicas y locales, e involucrando a un elevado número de funcionarios y autoridades. De hecho, esta organización criminal desarrolló su actividad a través de semejantes prácticas corruptas al menos desde el año 1995, y por un amplio ámbito geográfico: Sevilla, Córdoba, Jaén, Cádiz, Huelva, Algeciras, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Extremadura y Canarias".
