La Junta está realizando una segunda ronda de test de Covid-19 al personal de los órganos judiciales, después de que el pasado mes de julio llevara a cabo 1.152 pruebas entre los funcionarios, letrados de la Administración de Justicia, fiscales y jueces sustitutos.
Las pruebas se ejecutan bajo la coordinación del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses( IMLCF), dependiente de Justicia, y se llevan a cabo por un médico forense para garantizar la seguridad tanto de los profesionales como de las personas que acuden a los juzgados, como ya se hiciera al inicio del verano, "más aún ante esta segunda ola con un importante repunte de contagios", según ha señalado el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta en Granada, Gustavo Rodríguez.
El delegado ha recalcado que en los juzgados se han instalado mamparas y se ha dotado al personal de mascarillas y gel hidroalcohólico, entre otras medidas, y existe una "coordinación constante para conocer las necesidades que van surgiendo".
De esta forma, la previsión es superar los más de 1.100 test rápidos en la provincia. En toda Andalucía, serán más de 8.800 pruebas en virtud de la colaboración con la Consejería de Salud, que dotará de todas aquellas que sean necesarias.
Las pruebas son test rápidos, cuyos resultados se conocen en pocos minutos. Los casos que dieran un posible positivo serán derivados al Servicio Andaluz de Salud (SAS) para que a partir de ese momento sigan todos los protocolos que marcan las autoridades en este sentido.
Los resultados del verano, tras 1.152 pruebas, arrojaron un porcentaje de seroprevalencia del 4,1 por ciento y tan solo se detectó un caso positivo, aunque posteriormente fue descartado por PCR.
Para la realización de estos test, la Consejería elaboró en su momento un protocolo con los institutos de medicina legal para poder llevarlos a cabo con todas las medidas de seguridad por parte de los médicos forenses.
Estas pruebas forman parte del conjunto de medidas de seguridad que la Consejería de Justicia mantiene desde el inicio de la pandemia en todas las sedes judiciales para garantizar la protección de todo el personal de la Administración de Justicia, de los profesionales relacionados con ella y de los ciudadanos.
