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Provincia de Granada

Decomisan 26 kilos de pescado inmaduro que unos jóvenes ofrecían en puestos de venta ambulante

Las tres personas han sido denunciadas en la localidad de Almuñécar ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

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La Guardia Civil ha decomisado un total de 26 kilos de pescado inmaduro y ha denunciado a los tres jóvenes que estaban ofreciendo el producto en las inmediaciones del mercado de Almuñécar (Granada) en puestos de venta ambulante.

   Ha sido en el marco de una operación que ha desplegado este fin de semana en la costa granadina contra la pesca y distribución de pescado que no supera las tallas mínimas para su venta, operación en la que han participado guardias civiles del Servicio Marítimo, del Seprona y de Seguridad Ciudadana.

   Las tres personas han sido denunciadas en la localidad de Almuñécar ante la Delegación Territorial de la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

   El decomiso del pescado inmaduro se produjo en la Plaza de los Higuillos de Almuñécar, en las inmediaciones del mercado municipal. Los agentes sorprendieron a tres jóvenes que vendían de forma ambulante bogas, jureles, sargos, mejillones y otras especies difícilmente clasificables por su escaso desarrollo.

   El pescado decomisado fue declarado "no apto" para el consumo por el veterinario del Servicio Andaluz de Salud, ya que no se puede acreditar su trazabilidad y no existe ninguna garantía de que haya pasado control sanitario alguno, informa el Instituto Armado en una nota.

   El pescado inmaduro intervenido ha sido traslado a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Vélez Benaudalla para su destrucción.

   Esta actuación es una más de las que regularmente lleva a cabo la Guardia Civil en la provincia de Granada contra estas prácticas ilegales, tanto la de la captura de pescado inmaduro, como su posterior distribución.

   La Guardia Civil ha alertado además de que la venta ilegal de este producto podía poner en peligro la salud pública ya que, no se puede acreditar su trazabilidad, es decir, de dónde procede; y tampoco pasa control sanitario alguno antes de llegar al consumidor.

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