Seis meses después de que el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias pusieran en marcha el subsidio de desempleo excepcional para empleados del hogar por falta de actividad a causa del Covid-19, solo se han aprobado el 67% de las solicitudes.
“Es una vergüenza”, aseguran representantes de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla (ATH Sevilla) y la Asociación Nosotras por los Cuidados y Empleo de Hogar de Granada. “Ha habido muchas denegaciones por errores al rellenar los impresos y a día de hoy todavía hay gente que no ha recibido respuesta”, lamentan. En Andalucía, según contestación del Ejecutivo a pregunta de la senadora del PP Teresa Ruiz-Sillero, únicamente se han tramitado favorablemente 4.860 prestaciones con una cuantía media diaria bruta de 12,74 euros; Sevilla (1.647) y Málaga (1.218) se sitúan a la cabeza del ranking autonómico; en la provincia de Cádiz se contabilizan 345.
La pandemia ha golpeado de lleno a un sector con unos 42.500 trabajadores en la región y que, antes de marzo, ya acusaba unas condiciones laborales precarias. El confinamiento y la crisis derivada han dejado sin ingresos a muchos empleados en el sector porque “hemos sido los primeros en salir despedidos y, además, hemos tenido más dificultad para encontrar otro trabajo porque las familias también han visto empeoradas sus condiciones económicas”, subrayan fuentes de ambas entidades, que no han dejado de reivindicar agilidad en la gestión del subsidio desde el verano pasado.
El Gobierno ha justificado, por su parte, la falta de celeridad porque “ha sido necesario crear y desarrollar un sistema asistido de gestión nuevo e independiente de las aplicaciones con las que tradicionalmente trabaja el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en materia de prestaciones por desempleo, ya que la configuración legal de este subsidio extraordinario es diferente, en cuanto a la naturaleza, requisitos de acceso o cuantía de las prestaciones gestionadas habitualmente”. Interrogados al respecto por diputados nacionales de Vox en agosto, el Ejecutivo remarca igualmente que “las personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar hasta el momento resultaban ajenos a la gestión realizada por el SEPE”.
Esto no debería ser así desde hace en torno a nueve años. La Ley 27/2011, de 1 de agosto, integró el Régimen Especial de Seguridad Social de Hogar en el Régimen General. Pero no incluyó la prestación por desempleo porque, como señala en un reciente artículo Isabel Otxoa, profesora de Derecho del Trabajo en la Universidad del País Vasco y activista de la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, “la cotización por salarios reales y la cobertura de vacíos de cotización en el cálculo de pensiones se dejaban para el 1 de enero de 2019”. Sin embargo, pese a mostraron voluntad de hacerlo en octubre de 2018 en el acuerdo firmado para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado de 2019, PSOE y Unidas Podemos retrasaron, una vez en el Gobierno, la plena integración a 2021 “a más tardar”, en primer término, y, finalmente, sin fecha determinada, “a lo largo de esta legislatura, que terminará en diciembre de 2023”.
“La prestación por desempleo es un derecho que tienen hasta las personas autónomas desde hace años. En el empleo de hogar, la gente se queda en la calle de la noche a la mañana, el despido se puede hacer de manera muy barata mediante el llamado desistimiento, y en los trabajos de cuidados, las personas empleadoras mueren o ingresan en una residencia”, explican las portavoces de ATH Sevilla y Nosotras Granada. “La falta de prestación influye también que muchas trabajadoras tengan que agarrarse a nuevos contratos con condiciones por debajo de la ley”, agregan. Por otro lado, quienes se jubilen pronto, “tendrán derecho a una pensiones de miseria” porque tampoco se ha cumplido con la cotización por salarios reales y el cálculo de las prestaciones con la cobertura de vacíos de cotización.“Es una vergüenza que un Gobierno que se manifiesta progresista y feminista no se ponga en serio a hacer justicia con el sector”, agregan.
Y añaden a la lista de incumplimientos “los derechos que les faltan”: la actualización de las tablas salariales; la equiparación de las cotizaciones al menos al salario mínimo interprofesional; el reconocimiento de toda la jornada de servicios en el empleo interno, incluida la noche: la desaparición del llamado tiempo de presencia, que supone en teoría poder trabajar 60 horas semanales; la equiparación en la indemnización por despido; y algo que durante la pandemia han echado especialmente en falta, la protección de riesgos laborales.
Capítulo aparte merece la situación de inmigrantes, muy numerosas en el sector. “Sin papeles, teóricamente, se tienen también derechos laborales, pero el problema es que las trabajadoras necesitan una oferta de empleo tras tres años de residencia en España. Esa oferta se consigue a base de soportar condiciones ilegales de jornada, salario...”, explican. El Gobierno sabe todo esto, remarcan, “pero mira para otro lado porque las trabajadoras de hogar resolvemos una parte de la atención a la vejez y a la dependencia”. “La regularización es urgente”, concluyen.
