La juez de Benavente, Tania María Chico, ha sido la primera en España en atender al requerimiento del magistrado Baltasar Garzón para que se haga justicia y los restos mortales de tres o cuatro asesinados en Destriana (León) y cuatro de Benavente (Zamora) reciban un entierro digno.
A primera hora de la mañana de ayer se iniciaron los trabajos de exhumación, que está previsto que se prolonguen durante dos o tres días, para hallar e identificar a los asesinados, cuyos familiares se acercaron ayer hasta Santa Marta de Tera.
Uno de ellos, José Fernández Valderrey, nieto de Baltasar Valderrey, ha recordado a Efe cómo su madre le contaba que cuando ella tenía 11 años, en agosto de 1936, llegaron a Destriana “unos pistoleros mandados por el cura y los terratenientes del pueblo”.
Se llevaron a cuatro vecinos, cuyos restos mortales se intentan localizar ahora para ser trasladados al cementerio del pueblo leonés junto a sus seres queridos, aunque existen dudas sobre si uno de los cuatro fue enterrado en otro lugar.
Es la primera vez que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica logra el aval judicial en su lucha para que los asesinados por el bando nacionalista durante la Guerra Civil reciban un entierro digno.
LOS RESTOS DE LORCA
Por otra parte, la Fiscalía de Granada ha presentado un recurso de queja ante la Audiencia Provincial para que revoque la decisión del Juzgado de Instrucción 3 de Granada de no asumir la causa de las exhumaciones de la fosa donde supuestamente yacen los restos del poeta Federico García Lorca.
En su escrito, al que ha tenido acceso Efe, el Ministerio Público pide a la Audiencia que deje sin efecto la resolución del juzgado granadino y declare el partido judicial de Granada “competente” para el conocimiento de los hechos acaecidos en su ámbito territorial.
Este recurso se produce después de que la titular de este juzgado rechazara la inhibición propuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, en contra del informe emitido por la propia Fiscalía que consideraba que sí era el competente para asumir la instrucción de los hechos ocurridos en las localidades de Víznar y Alfacar, donde estaría la fosa con los restos de Lorca.
En el recurso de queja interpuesto, el Ministerio Público recuerda que los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero competen a los órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido.
