Los magistrados de la Sala de lo Penal del TS encargados de revisar los recursos de Alierta, su sobrino Luis Javier Placer y el Ministerio Fiscal han rechazado por unanimidad la mayoría de los argumentos para modificar la sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid, que en julio de 2009 entendió que se había cometido el delito, pero que estaba prescrito.
La prescripción se debía a que habían transcurrido más de cinco años desde que se materializó el delito hasta que se admitió a trámite la querella de una asociación de consumidores que denunciaba la actuación de Alierta y Placer, que les reportó un beneficio de 1,86 millones de euros.
En la sentencia, el Supremo se niega a entrar a valorar si el delito efectivamente se cometió.
