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Jornada de huelgas y protestas en Francia por reforma de las pensiones

Los sindicatos han convocado cerca de dos centenares de manifestaciones en todo el país

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  • París. -

Francia vive este jueves una nueva jornada de huelgas y protestas contra el proyecto del Gobierno para reformar las pensiones, la quinta desde que comenzaron las movilizaciones el 19 de enero pasado.

Los sindicatos buscan mantener la presión sobre los diputados que continúan debatiendo el texto legislativo en la Asamblea Nacional, y que se acercan al debate de los elementos más discutidos de la reforma.

En la jornada de protestas del pasado sábado, la policía contó 963.000 personas en las cerca de 250 marchas organizados por todo el país, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció 2,5 millones.

En esta ocasión, los dirigentes de los principales sindicatos se manifestarán juntos en la pequeña ciudad de Albi (sureste) para resaltar que la protesta tiene un alcance nacional y no se circunscribe a París o a las grandes ciudades.

Los sindicatos han convocado cerca de dos centenares de manifestaciones en todo el país.

El paro de hoy mayores consecuencias en el transporte aéreo, con un 30 % de vuelos cancelados en el aeropuerto parisino de Orly (un 20 % en las protestas anteriores).

Además, se ha cancelado la quinta parte de los vuelos en los aeropuertos de Toulouse, Marsella, Lyon, Montpellier y Nantes.

En cambio, el impacto de las huelgas de hoy serán algo menor en los ferrocarriles. Un 80 % de los trenes de alta velocidad van a circular, igual que un 50 % de los trenes regionales, mientras que el paro tendrá un impacto mínimo en la red de transporte público de la región de París.

Los sindicatos rechazan frontalmente los dos principales puntos de la reforma: el aumento de 62 a 64 años de la edad mínima de jubilación y que el incremento del período de cotización de 42 a 43 años para tener una pensión completa se adelante a 2027 (está previsto que entre en vigor en 2035).

El Gobierno asegura que la reforma es necesaria para garantizar la viabilidad económica del sistema de pensiones, que según las cifras del Ejecutivo tendrá un déficit anual 12.500 millones de euros en 2030 sin los cambios propuestos. 

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