Rechazó además que existan contradicciones porque convivan normas que obligan a empadronar a los ciudadanos extranjeros que residen ilegalmente en España con otras que obligan a repatriarlos; “son normas que cumplen funciones diferentes”, dijo la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega. La vicepresidenta criticó el debate que se planteó al respecto.
“La inmensa mayoría de los ciudadanos extranjeros empadronados están en situación legal y trabajan con plenas obligaciones y derechos de ciudadanía”, aseveró De la Vega, e incidió en que ésa es la política de inmigración que ha promovido el Ejecutivo, “una inmigración legal y ordenada, con derechos y obligaciones”.
La situación económica en España ha provocado además un descenso del número de empadronamientos, señaló la vicepresidenta. Al ser preguntada por la posible contradicción que supone que convivan normas que obligan a repatriar a los inmigrantes ilegales con otras que obligan a los ayuntamientos a empadronarlos, observó que “son normas que cumplen funciones diferentes”.
