El secretario o apoderado de diversas sociedades municipales y abogado del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) entre 1992 y 2003, Modesto Perodia, ha acusado este martes al ex primer edil marbellí Jesús Gil y Gil de ordenarle el pago de un cheque por importe de cinco millones de pesetas en favor presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, y ha agregado que él "no quería hacer este pago" porque no tenía "ningún dato".
Así lo ha manifestado Modesto Perodia en la cuarta sesión del juicio por el denominado caso 'Saqueo II' derivado del informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión municipal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre los años 1991 y 1999, que ha comenzado pasadas las 10.00 horas con las preguntas del fiscal José Grinda.
Perodia, como responsable de la administración de la sociedad Eventos 2.000, está acusado de contabilizar como transferencia a la municipal Contrastas 2.000 cantidades de dinero que, sin embargo, se entregaron a particulares sin causa que lo justificara. Una de estas transferencias es la que que se hizo en favor de Enrique Cerezo.
Según la acusación del Ministerio Fiscal, el 28 de agosto de 1995 se entregó a Enrique Cerezo la cantidad de cinco millones de pesetas mediante un cheque firmado por Perodia, cuando esa cantidad fue contabilizada como transferencia a Constratas 2.000. "En primer lugar, yo no quería hacer ese pago, porque no me constaba ningún dato", ha señalado.
"El alcalde Jesús Gil me llama y me dice: Esos son los gastos de las letras de cambio que no se pagaron de unas transferencias de jugadores. Yo le dije: No me consta a mí eso y él me dijo: Tú págalo porque son las transferencias, los gastos bancarios y demás de las letras de cambio que se dieron o impagos que hubo de las transferencias de dos o tres jugadores del Atlético de Madrid al Atlético de Marbella", ha relatado. Sin embargo, el Club Atlético de Marbella había sido vendido en junio de 1994 a una empresa privada.
En este sentido, ha indicado que no vio ningún documento ni las letras de cambio. "Solamente se hizo el documento, se hizo el cheque", ha declarado, al tiempo que ha reconocido que firmó dicho cheque "por orden del alcalde". "El equipo que estaba conmigo sí lo sabía que yo no quería pagar. Es el mismo alcalde el que me ordena que pague", ha insistido.
MOBILIARIO PARA GIL
Asimismo, entregaron a Roberto Dale Banal un millón de pesetas que también contabilizaron como una transferencia a Contratas 2.000. "Lo pagaría Contratas. Yo no lo he pagado", ha remachado. Además, Eventos 2.000 contabilizó 50 millones de pesetas por la adquisición de mobiliario a la empresa 'Carlos Iglesias Méndez Decoración', que se utilizó, según Perodia, para "toda la remodelación" del despacho de Jesús Gil y Gil.
El escrito de acusación del Ministerio Fiscal sostiene que en diciembre de 1993 Eventos 2.000 adquirió el 98,9 por ciento de las acciones del Club Atlético de Marbella para venderlas a Spitia, S.L. en junio de 1994. No obstante, entre 1995 y 1998 Eventos 2.000 pagó por cuenta del club cerca de 500 millones de pesetas para costear los gastos del equipo, aunque ya no pertenecía a la citada sociedad.
Según Modesto Perodia, Spitia S.L. "no pagó" el coste de las acciones del club, motivo por el cual se le reclamó la deuda contraída con Eventos 2.000 por vía judicial. "No queríamos que desapareciera el club", ha manifestado para justificar el pago de los casi 500 millones de pesetas.
Respecto a la cantidad de 10 millones de pesetas que, entre julio de 1994 y octubre de 1995, la sociedad Sportclub S.L., de la que Perodia era secretario, pagó al fallecido actor Espartaco Santoni en concepto de salario y de servicios profesionales, Perodia ha asegurado al ver las facturas que era la "primera vez" que las veía y ha agregado que Santoni era apoderado de dicha sociedad, pero que "todo lo que hacía era controlado por Gil" porque no había "gran confianza".
En relación con los impagos a la Seguridad Social, ha afirmado que fue una "lucha de todos los días" y ha agregado que él y sus compañeros sí querían abonar las cuotas de la Seguridad Social. "Según Gil, no había dinero y teníamos embargadas las subvenciones del Estado para el pago de deudas atrasadas con la Seguridad Social", ha señalado, para después sostener que Gil le dijo que no se "preocupara" porque esos pagos eran "cuestión" del Ayuntamiento.
La Fiscalía solicita una pena de prisión de 12 años y medio por la comisión de un delito continuado de malversación de caudales públicos, por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y por un delito continuado contra la Seguridad Social.
