El Juzgado de Instrucción número 3 de Málaga tiene previsto tomar declaración como investigado este próximo miércoles al gerente de la sociedad municipal de aparcamientos de Málaga (Smassa), Manuel Díaz, por el caso abierto tras la denuncia de la que fuera jefa del Departamento de la Oficina Técnica de la sociedad por supuesto acoso e irregularidades en las obras del parking de Pío Baroja.
Está previsto que el mismo día comparezcan también para declarar la denunciante, Trinidad Rodríguez, y varios testigos, entre ellos el concejal de Movilidad, José del Río.
Dicho juzgado abrió esta causa a raíz de dicha denuncia, ya que la magistrada consideró que las actuaciones realizadas "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal". Además, la Fiscalía remitió al juzgado lo actuado en las diligencias de investigación iniciadas tras las denuncias de los grupos municipales de PSOE y Unidas Podemos.
En la denuncia, consultada por Europa Press, se indica que los hechos consisten principalmente "en graves actos hostiles y humillantes que de manera reiterada ha realizado el denunciado hacia la denunciante", en la mayoría de los casos en relación con la obra del citado aparcamiento, aunque no habría sido la única.
En dicho escrito, la denunciante señalaba que por razones que desconoce "desde el inicio de la promoción de aparcamientos sitos en la calle Pío Baroja fui presionada", indicando que supuestamente se le "insistía en la necesidad que la empresa referida debía ganar" la licitación, aunque ella ya había puesto en evidencia que "era la peor propuesta en cuanto a organización" de la obra.
Además, informó de que "la oferta económica recibida de la UTE parecía demasiado reducida" y alude a retrasos en las actuaciones y a supuestos incrementos de precios, apuntando que, "sorprendentemente", en esa obra la forma de actuar era, al parecer, "al revés", ya que "a priori se acepta por la dirección, gerente y/o el concejal cualquier modificado, intentando luego buscar una justificación técnica y jurídica a una propuesta de reclamación económica de la UTE".
La situación generada llevó a la denunciante a activar el protocolo interno en Smassa contra el acoso, tras lo que se le comunicó "la modificación sustancial de las condiciones de trabajo hacia la misma tanto como una forma de represaliarla como de evitar testigos incómodos para el denunciado ante la actitud de la compareciente de no tolerar graves irregularidades".
Dichas supuestas "irregularidades" podrían implicar, presuntamente, "la comisión de ilícitos penales con graves perjuicios tanto para la Smassa como para la propia denunciante, si hubiera aceptado participar en dichos actos". Esto fue denunciado públicamente por la perjudicada en un pleno del Ayuntamiento de octubre del pasado año.
Desde la defensa de Manuel Díaz, que dirige el letrado José Carlos Aguilera, sostienen que se ha abierto la causa "para esclarecer unos hechos", apuntando que la Constitución "reconoce y ampara el derecho fundamental de todos los ciudadanos a la presunción de inocencia", además, consideran que la denuncia "está plagada de conjeturas, especulaciones, y alguna que otra afirmación falsa".
