Ha tenido que ser la muerte de un trabajador el lunes en Jaén la que sacara a la luz una grave denuncia de los sindicatos.
La secretaria de Salud Laboral en CC OO, Isabel Delgado, denunció ayer el “fraude” que muchas empresas están realizando en materia de prevención de riesgos laborales y de comunicación de bajas por siniestro.
La sindicalista explicó que muchas empresas se benefician de un programa público de bonificación que permite reducir los costes de Seguridad Social al diminuir también los accidentes laborales . El problema es que esta reducción no es real, ya que simplemente lo que se hace es no comunicarlos.
“Hacen trampa y no los declaran. Cuando es mortal no se puede ocultar, pero cuando son graves sí. Simplemente no dan la baja legal al trabajador, que manda a casa, para que no contabilicen y poder tener los bonus”, explicó Isabel Delgado.
La denuncia se realizó ayer en la concentración que los sindicatos protagonizaron tras la muerte de un empleado de una empresa de toldos de 50 años y vecino de Jaén, que el lunes se precipitó desde el tejado de la nave donde trabajaba, muriendo en el acto.
“Estaba en uno de los laterales de la cubierta en vértice de la nave industrial, cuando el cuerpo se le fue y cayó sobre el tejado de la nave anexa, desde el que se precipitó al suelo, lo que pone de manifiesto que no había ningún tipo de medida preventiva, de modo que no estaba sujeto a una línea de vida”, explicó la representante de CC OO.
Por su parte, la secretaria de Salud Laboral en UGT-Jaén, Rocío Muñoz, recordó que la “responsabilidad es del empresario” y que el empleado puede negarse si cree que existe peligro, si bien las condiciones actuales hacen que muchos “se aprovechen de la crisis ante la necesidad de trabajar” y acaben haciendo esa labor ante el miedo a quedarse en la calle. “La prevención ha quedado en un segundo plano.
Se ha tirado a la papelera esa cultura en la que se había avanzado tanto en la concienciación. Hemos retrocedido 20 años”, lamentó Rocío Muñoz. Por ello, también ha instado a respetar la normativa en la materia y, fundamentalmente, a la administración competente a incrementar los controles y aumentar las sanciones con el objetivo de que los empresarios “se lo piensen dos veces antes de poner en riesgo la vida del trabajador”.
