El coordinador provincial de Izquierda Unida, Pedro Jiménez, llamó hoy la atención sobre la importancia que tienen las decisiones que se toman en la Comisión Europea y su influencia en la vida de los ciudadanos de Huelva. Por eso reclamó el voto para Izquierda Unida, “para que podamos seguir llevando a Europa y sus instituciones los problemas e inquietudes de los onubenses”.
En la última legislatura el Grupo de la Izquierda Unitaria Europea, a instancias de Izquierda Unida-Huelva, ha registrado casi una decena de iniciativas relativas a la problemática agrícola, pesquera, de reparto de fondos comunitarios e inquietudes medioambientales de la provincia de Huelva. Entre ellas se encuentran tres peticiones sobre la paralización de los vertidos de fosfoyesos, la realización de un estudio medioambiental en la población de la ría y el traslado de los residuos radiactivos de acerinox depositados en las marismas onubenses. Fruto de la iniciativa de IU fue el documento de trabajo realizado por la Comisión de Peticiones tras la visita de una delegación europea a Huelva que puso de manifiesto la descoordinación y falta de respuesta de las empresas del Polo Químico, de las autoridades sanitarias y políticas a las preocupaciones ciudadanas sobre la relación entre la actividad industrial, los vertidos y los altos índices de enfermedades: cáncer, asma y otras patologías que soporta la población de Huelva y su entorno. El coordinador provincial, Pedro Jiménez, ha visitado en tres ocasiones el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo en Bruselas para llevar la voz de los ciudadanos de Huelva sobre estos asuntos.
Además de los fosfoyesos, Izquierda Unida ha llevado al Parlamento comunitario una propuesta de fiscalización sobre los fondos europeos a raíz del desfalco sufrido por la Asociación de Desarrollo de la Costa Occidental de Huelva (Adricoh), donde se produjo una apropiación indebida de casi medio millón de euros, gran parte de ellos procedentes de fondos europeos. Pedro Jiménez considera esta fiscalización necesaria para evitar este caso y otros graves incumplimientos, como el relativo a la mala gestión de fondos comunitarios que hizo el Ayuntamiento de Huelva. El Consistorio que dirige Pedro Rodríguez gastó indebidamente 1,4 millones de euros que tenía que repartir para políticas de empleo entre los municipios de Palos de la Frontera, Punta Umbría, Gibraleón y Aljaraque, entre otros. Según Jiménez, este comportamiento de voracidad económica pone de manifiesto la situación de bancarrota provocada por el alcalde Pedro Rodríguez en el Consistorio de Huelva.
En defensa de la agricultura y la pesca, Izquierda Unida también ha elevado a las instituciones europeas otras propuestas como la inclusión de la castaña en un programa de ayudas públicas a los frutos secos, de donde estaba excluida por las autoridades agrícolas de la UE; y la inclusión del castañar en un programa de recepción de fondos por su importancia como ecosistema singular. Estas dos últimas propuestas afectaban directamente a la comarca de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche, donde el castañar perdura y se ha convertido en base económica de actividades ligadas a la conservación medioambiental y agricultura ecológica.
En lo relativo a la pesca y a la conservación del medio marino de la provincia, Izquierda Unida de Huelva firmó una propuesta para que la Comisión paralizara el proyecto de ampliación de dársenas deportivas en El Rompido. IU denunció en este caso el incumplimiento de directivas comunitarias y los daños que las obras proyectadas en la zona iban a causar a una de las reservas piscícolas más importantes de Europa, según la clasificación de organismos internacionales como la FAO.
Además de los asuntos citados, Izquierda Unida denunció el incumplimiento de la directiva medioambiental en otros proyectos que afectaban a Huelva: el oleoducto y la Refinería Balboa, un tubo diseñado para trasvasar petróleo y combustible entre el Puerto de Huelva y Zafra que pretendía atravesar hasta una decena de espacios protegidos. Y el proyecto de almacenamiento de gas y la construcción de un gasoducto en el Parque Natural de Doñana.
Pedro Jiménez mantiene que “además de ser condenada por el franquismo a convivir con un polo químico e industrial, la provincia de Huelva ha tenido que soportar, a costa del medio ambiente y la salud de sus habitantes, episodios constantes e insoportables de contaminación de sus rías, suelo y atmósfera”.
