Vox ha pedido a la Audiencia que revoque la sentencia de un Juzgado de Granada que condenó al partido a indemnizar con 24.000 euros a cada uno de los tres miembros de la formación que denunciaron una vulneración de derechos fundamentales durante en un proceso electoral interno en esa provincia.
Según recoge el recurso de apelación, al que ha tenido acceso EFE, Vox ha pedido al tribunal que desestime de forma íntegra la demanda formulada y que le imponga a los demandantes las costas de ambas instancias.
Después de que el Juzgado de Primera Instancia 6 considerara probado que la formación vulneró derechos fundamentales durante las elecciones internas que tuvieron lugar en Granada, Vox ha impugnado todos los pronunciamientos de esa sentencia por error en la valoración de la prueba.
El partido ha considerado que "en modo alguno" quedó probado que existiera una manipulación y se refiere a la "corrección" de toda la actividad desplegada por la formación en las elecciones internas celebradas para elegir al Comité Ejecutivo de Granada.
Entre otros argumentos, el recurso sostiene que no pudo haber un ejercicio de "mayor diligencia y transparencia" para mostrar la actuación de la formación y la justificación de cada una de las actuaciones, para que todo discurriera "con la máxima garantía del derecho de los afiliados".
Asimismo, indica que no existió el más mínimo indicio de que se produjera un daño a los demandantes, por lo que también niega la procedencia de la indemnización, que considera que se ha cuantificado "desorbitadamente".
El abogado de los tres demandantes, Antonio Estella, del bufete MLegal, ha asegurado a EFE que este recurso "no se entiende", más aún cuando tras la sentencia de Primera Instancia 6 Manuel Martín presentó la dimisión como presidente provincial de Vox en Granada.
"Se ha acreditado que el programa informático no funcionó. Nuestra intención es ejecutar la sentencia provisionalmente a la espera de la decisión de la Audiencia", ha indicado el letrado.
La sentencia recurrida consideró probado que Vox vulneró derechos fundamentales durante el proceso en Granada en el que precisamente Martín fue designado presidente.
Tres de los afiliados del partido denunciaron que el sistema informático que se activó para el proceso de primarias no funcionaba correctamente o planteaba dudas.
En el juicio declaró como testigo el secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, quien aseguró que "no toleraría" que nadie se atreviera a interferir en un proceso electoral dentro del partido.
La sentencia estimó la demanda, que contó con el apoyo de la Fiscalía, y condenó a Vox a abonar a cada uno de los tres demandantes una indemnización de 24.000 euros, además de la expresa imposición de costas.
