El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado en la madrugada de este miércoles un acuerdo sobre las nuevas normas para prevenir vertidos de pélets de plástico como el que afectó a las costas gallegas en enero de 2024, de lo que España se valió para forzar la inclusión del sector marítimo en el alcance de la normativa, algo que no estaba previsto en la propuesta inicial de la Comisión Europea.
Este acuerdo provisional, que aún deben refrendar los colegisladores, se aplicará a todos los operadores económicos que hayan manipulado pélets de plástico en cantidades superiores a cinco toneladas en la UE, incluidos los transportistas de terceros países que transporten este material.
El reglamento exigirá también a los operadores económicos establecer e implementar un plan de gestión de riesgos para cada instalación que manipule pélets de plástico con procedimientos para prevenir, contener y limpiar vertidos, teniendo en cuenta la naturaleza y el tamaño de la instalación, así como la escala de sus operaciones.
En base a las nuevas reglas, las grandes compañías que manipulen más de 1.500 toneladas de pélets de plástico al año deberán obtener un certificado emitido por un tercero independiente.
Por su lado, las pequeñas empresas que manipulen más de 1.500 toneladas al año se beneficiarán de obligaciones más sencillas, como una certificación única que se realizará cinco años después de la entrada en vigor, mientras que las compañías que manipulen menos de 1.500 toneladas al año y las microempresas sólo tendrán que emitir una declaración de conformidad.
TRANSPORTE MARÍTIMO
Según el acuerdo, los operadores de transporte marítimo deberán garantizar que los pélets de plástico transportados por mar tengan embalajes de buena calidad que sean lo suficientemente resistentes y estén correctamente cerrados para soportar las condiciones de transporte, además de estar acompañados de información clara sobre la carga y solicitudes especiales de estiba.
En caso de que se produzcan vertidos, los transportistas tanto de la UE como de terceros países estarán obligados a informar inmediatamente a los servicios de emergencia, adoptar todas las medidas posibles para minimizar las consecuencias y tomar medidas para prevenir nuevos incidentes.
Además, para facilitar el cumplimiento de las normas aplicables al transporte marítimo, se ha acordado que su aplicación comience tres años después de la entrada en vigor del reglamento, lo que da un año más de margen en comparación con el resto de disposiciones, que deberán aplicarse dos años después de su entrada en vigor.
