Las comunidades autónomas han cerrado 2020 con un saldo presupuestario (la diferencia entre ingresos y gastos) del -0,2 por ciento del PIB, lo que supone una mejora de cuatro décimas respecto a 2019 y el mejor dato de los últimos 15 años.
Sin embargo y según el informe "El saldo estructural de las CCAA, 2018-2020", presentado por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el dato de 2020 de las comunidades está "maquillado" por las mayores transferencias recibidas por parte de la administración central a través del Fondo Covid-19 (15.950 millones) y los mayores recursos del sistema de financiación autonómica (7.724 millones).
Por ello, el informe, elaborado por los economistas Carmen Marín y Manuel Díaz, sostiene que el saldo estructural (en ausencia del ciclo económico y sin gastos ni ingresos extraordinarios) de 2020 ha sido realmente del -1 por ciento del PIB, lo que supone un empeoramiento de cinco décimas respecto a 2019.
El saldo presupuestario conjunto de las administraciones públicas se ha deteriorado de manera importante con la covid debido a que el Estado central ha asumido parte del déficit de las comunidades por lo que ha cerrado 2020 con el -10,97 por ciento del PIB.
El deterioro se debe, principalmente, al aumento del gasto derivado de la covid-19, que ha sido de 44.907 millones de euros.
Aparte, hay que añadir una caída de ingresos considerable por los efectos sobre la economía de las medidas utilizadas para la contención del virus. De hecho, los ingresos globales se han reducido en 24.485 millones, el 2 por ciento del PIB.
Por nivel administrativo, la administración central ha presentado el mayor déficit y ha cerrado 2020 con -8,38 por ciento del PIB, lo que supone siete puntos de empeoramiento respecto a 2019.
Esto se explica, según la investigación de Fedea, porque la administración central ha asistido financieramente al resto de niveles de la administración.
La Seguridad Social ha cerrado 2020 con un saldo presupuestario de -2,65 por ciento frente al -1,27 por ciento de un año antes.
Y las comunidades autónomas han concluido el pasado año con un saldo presupuestario de -0,21 por ciento. En 2019 cerraron con el -0,57 por ciento del PIB.
Las corporaciones locales han sido el único nivel administrativo en positivo con un saldo del 0,26 por ciento.
Sin embargo, esta cifra es un poco peor que en 2019 cuando fue, también en positivo, del 0,30 por ciento.
Por comunidades, nueve de las 17 autonomías han terminado 2020 con un registro positivo.
La Rioja (1,1 por ciento), Asturias (1,0), Canarias y Cantabria, ambas con el 0,5 por ciento; Castilla-La Mancha (0,4 por ciento), Aragón y Baleares (0,2 en cada caso), Andalucía (0,1) y Castilla y León (0,0).
Entre las que han concluido 2020 en negativo, la Comunidad Valenciana es la que ha obtenido la peor cifra (-1,2), seguido de Murcia y País Vasco, ambas con -1,1 por ciento y Navarra (-1,0).
A estas comunidades les sigue Cataluña (-0,4), Extremadura (-0,2), Galicia y Madrid (-0,1).
Con estos datos, el estudio de Fedea concluye que el deterioro fiscal de las comunidades en 2020 todavía no se ha observado porque el Estado blindó a las regiones a través de dos vías: no actualizando las entregas a cuenta de 2020 a la caída del PIB y a través de fondos extraordinarios, como el Fondo Covid-19, para paliar los efectos de la pandemia.
