El director de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), Eduard Vilà, negó ante el titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, Juan Antonio Ramírez Sunyer, que el organismo estuviera preparado para cobrar impuestos estatales, en contra de lo que dijo el expresidente catalán Carles Puigdemont en la presentación de este nuevo modelo de hacienda catalana cuando apuntó que estaba preparada para asumir todo tipo de tributos.
En su declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, también expuso, a preguntas de una de los abogados de la defensa, que el Gobierno de Mariano Rajoy siguió --con la aplicación del artículo 155 de la Constitución desde el pasado mes de octubre--, desplegando el nuevo sistema informático que permitirá cobrar impuestos masivos en Cataluña, el llamado e-Spriu, ya que el actual, el Gaudí, estaba "obsoleto". Incluso señaló que se había abierto una nueva oficina de la ATC (Agencia Tributaria Catalana) en noviembre en La Bisbal del Ampurdán (Gerona).
En su declaración, Vila enmarcó todo el desarrollo informático e-Spriu y la expansión de la Agencia Tributaria Catalana (ATC) con 32 oficinas en total --28 nuevas más las 4 ya existentes-- y 277 empleados más, en el desarrollo de las competencias transferidas a la Generalitat de Cataluña en materia de recaudación de impuestos y afirmó que la finalidad del 'Proyecto Gestoría' --por el que recaudaban los impuestos de ayuntamientos, diputaciones y organismos de la Generalitat-- era pagar a la Agencia Tributaria estatal cmo así se hizo, sin que conste ninguna incidencia por impago hasta el momento.
Todo ello, a pesar de que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, había afirmado a principios de septiembre de 2017 que
la Agencia Tributaria de Cataluña estaba preparada para aplicar el resultado del referéndum anunciado para el 1 de octubre porque estaba "a punto para asumir, cuando sea necesario" los impuestos "que aún pasan" por la Hacienda española.
Así lo dijo en la presentación de la nueva etapa de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC), con la asunción plena de los principales impuestos cedidos por el Estado, dejando claro que había acabado la "primera fase" de su construcción.
Sin embargo, Eduard Vila, que declaró como testigo, insistió ante el juez que para poder asumir los impuestos del Estado serían necesarios entre 6.000 y 7.000 trabajadores, mientras que en la actualidad, la Agencia cuenta con poco más de 700 empleados. Eso sí, precisó que se trataba del ratio más bajo de empleados en comparación con las Agencias Tributarias de otras comunidades autónomas.
Justificó el proyecto, en varias ocasiones, en la necesidad de ofrecer un mejor servicio al ciudadano y ahorrar costes, pese a que Puigdemont había presentado en septiembre a la nueva ATC como el "embrión de la futura hacienda catalana" ante una eventual independencia.
DESARROLLO INFORMÁTICO PARA COBRAR IMPUESTOS MASIVOS
Tras precisar que este proyecto se empezó antes de asumir él el cargo, insistió durante su declaración en que estas medidas se acordaron para ganar eficiencia y fomentar la colaboración entre las administraciones tributarias de Cataluña y dijo que, de esta forma, si un contribuyente tenía una cuestión de tributo propio de la Generalitat ya no era necesario que se desplazara a las cuatro capitales de provincia sino que le podrían atender en las oficinas territoriales.
No obstante, admitió que el nuevo desarrollo informático, el e-Spriú --que fue adjudicado por concurso a IBM y cuyo soporte corría a cargo de T-Systems según el testigo-- se estaba desplegando para soportar "impuestos masivos". Pero se refirió solamente a los nuevos impuestos creados por el Parlamento catalán como el de bebidas azucaradas, pisos vacíos, activos no productivos, emisiones de CO2, el de internet..., negando que se pretendieran cobrar impuestos estatales.
De hecho, puso como ejemplo de la legalidad en que se desarrollaba el nuevo proyecto el hecho de que el Gobierno de Mariano Rajoy no hubiera cerrado ninguna de las oficinas que se abrieron del ATC y el que haya seguido desarrollando el sistema informático e-Spriú, así como la implementación de las nuevas oficinas como una nueva en La Bisbal del Ampurdá (Gerona), que se abrió en noviembre o diciembre, según dijo.
AHORRO DE 30 MILLONES DE EUROS
Precisó, así mismo, que en términos económicos esta reforma conllevaría un ahorro de cerca de 30 millones de euros anuales puesto que supondría que dejaría de ser una gestión derivada a los registradores de la propiedad y la asumirían ellos mismos.
En lo que respecta al cambio de programa informático, Vilà explicó que pasaron de Gaudí --instaurado en el año 2001-- a e-Spriu porque se había quedado obsoleto y "no podría dar respuesta a cierto tipo de tributos" aprobados en el Parlamento de carácter "más masivo y periódico".
Con todo, el director expuso que las funciones de la agencia tributaria catalana están amparadas en el marco legal y prueba de ello es que es un organismo que también disponen Baleares, Cantabria, Murcia y Canarias.
DATOS OBTENIDOS DE MANERA LEGAL DE LA AGENCIA TRIBUTARIA ESTATAL
Igualmente negó categóricamente que este organismo dispusiera de ninguna otra información de los ciudadanos que no correspondiera con la finalidad de gestión de los tributos cedidos y que los datos fiscales que disponían de los catalanes no se habían obtenido de manera ilegal, como insinuó el exjuez y exsenador de ERC Santi Vidal en unas declaraciones que propiciaron la apertura de esta investigación.
Al hilo, expuso que esta información tributaria que maneja la agencia catalana proviene, por un lado, del censo único de contribuyentes de la Agencia Tributaria estatal, y, por otro, de los datos que se van incorporando de las liquidaciones de los tributos gestionados.
