El expresidente de la Comunidad Ignacio González ha declarado hoy ante el juez que el Partido Popular nunca le pagó una campaña de imagen y que no nombró a su consejero de Presidencia y Justicia, Salvador Victoria, presidente del Canal de Isabel II, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
González ha declarado esta mañana durante 12 minutos --entre las 11.20 y las 11.32 horas, aproximadamente-- en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid como investigado por el presunto amaño de un contrato público del Canal de Isabel II en el que se adjudicó una web. Ni a la entrada ni a la salida ha querido declarar ante la gran cantidad de periodistas que le esperaban.
El extitular del Gobierno regional, que además fue presidente entre 2003 y 2012 de la empresa pública de aguas madrileña, ha afirmado que en el momento de concesión de dicho contrato investigado ya no era máximo responsable del Canal, sino que lo era Salvador Victoria. Y que, por tanto, no conocía las empresas que optaron a dicha concesión ni por qué se le concedió a la adjudicatoaria, han señalado las mismas fuentes.
Ignacio González ha respondido con brevedad a las preguntas concisas efectuadas por el fiscal y todas las partes personadas. En una de ellas, ha señalado que fue el Consejo de Administración y no él no nombró a Victoria presidente del Canal. Habitualmente, el cargo de consejero de Presidencia lleva aparejado la Presidencia de esta empresa pública.
A González se le imputa como presunto responsable de los delitos de malversación, cohecho, tráfico de influencias y prevaricación. Pero el expolítico del PP se ha desestendido de todas estas acusaciones, ha reiterado su nula responsabilidad en estos contratos de la web del Canal y ha insistido en que su antiguo partido no le ha pagado campaña alguna de imagen.
Junto a él también había sido citado el exconsejero de Presidencia Salvador Victoria pero no ha acudido esta mañana a declarar porque su abogado tenía otra causa judicial previa a la que atender, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.
Sí han asistido el subdirector de Contratación del Canal, Miguel Ángel Casanueva; el administrador único de Imagen de Síntesis Digital, empresa que resultó beneficiada del contrato tras el supuesto amaño, y el propio Canal como persona jurídica. Tampoco han querido declarar ante la prensa a la salida de los Juzgados. A Victoria le atribuyen el delito de cohecho, el de prevaricación a Casanueva y el de malversación a todos los querellados.
EL MOTIVO DE LA QUERELLA
La querella fue presentada por la agencia de comunicación y publicidad Take Away, que se presentó a un concurso de la empresa de aguas para realizar, entre otras, una web interactiva por un presupuesto de partida de 340.000 euros más IVA.
Sin embargo, perdió el contrato en 2014 frente a Imagen de Síntesis Digital, que, siempre según la agencia de comunicación, habría ofertado una cifra menor a dicha cifra: 298.600 euros más IVA.
El contrato recogía que la oferta económica suponía el 70 por ciento de la puntuación. Por ello, desde Take Away reclaman que se concrete qué valoró el 30 por ciento restante para que la otra empresa fuera la adjudicataria del contrato pese a ofrecer unos 40.000 euros menos.
RELACIÓN CON LA TRAMA PÚNICA
La empresa querellante aprecia que se adjudicó ilegalmente el contrato a Imagen de Síntesis Digital porque su verdadero fin era financiar las campañas publicitarias y de márketing que estaban realizando las empresas de Alejandro de Pedro, vinculadas a la trama 'Púnica', Eico y Madiva, para mejorar la imagen de González.
Precisamente, el anterior juez instructor del caso Púnica, Eloy Velasco, ya subrayó en un auto dictado en junio de 2016 que Salvador Victoria ordenó pagar a De Pedro y que se realizaron traspasos de efectivo "por parte de las empresas Canal de Isabel II, Indra o el empresario Sergio Ortega, sin aparente contraprestación, pero en función al cargo público que ostentaba en la Comunidad de Madrid".
De hecho, algunos testigos de este caso de corrupción, que continúa investigando el ahora titular del Juzgado Central de Instrucción 6, Manuel García Castellón, ya indicaron en su día que Eico y Madiva recibieron una "facturación ficticia" a través de dicha empresa pública.
