El Gobierno ha reconocido que, incluso con la Ley de Memoria Democrática, no puede disolver una asociación abiertamente nacionalsocialista, salvo que ésta incurra en delitos de odio en un acto público, actúe la Fiscalía y lo acabe ordenando la Justicia.
Así ha respondido el Ejecutivo a los diputados de Unidas Podemos Enrique Santiago e Ismael Cortés, que reclamaron actuaciones contra la asociación Devenir Europeo, que en febrero organizó un acto de "Día de la sangre" al que estaba invitado el jefe del Movimiento de Resistencia Nórdico, Simon Lindberg.
Devenir Europeo es una asociación cultural que se define "abiertamente nacional socialista" y que está inscrita legalmente en el Registro Nacional del Ministerio del Interior. Aunque no oculta su ideología, deja claro en su pagina web que "no tiene pretensiones de convertirse en ningún partido político".
La asociación condena el genocidio que llevó a cabo el régimen nazi, pero también se queja de que no se condenaron los bombardeos de los aliados en ciudades alemanas como Dresden. Incluye en su ideario una cita de Adolf Hitler sobre las religiones y celebra como Día del Imperio cada 30 de enero, fecha en la que el caudillo nazi fue proclamado canciller en 1933. También tiene abierta una campaña contra obras que considera "degeneradas" y contra el arte abstracto, al que no da ningún valor.
En su respuesta a Unidas Podemos, el Gobierno asegura que la Constitución de 1978 reconoce el derecho de asociación y recuerda que Devenir Europeo está inscrita en el registro desde 2008 "sin que exista constancia hasta el momento de que haya sido investigada por la comisión de ningún presunto ilícito, ni que esté en la órbita de grupos terroristas de extrema derecha".
Recuerda el Gobierno que "las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de resolución judicial motivada" y que la Constitución reconoce "el derecho de reunión pacífica y sin armas", sin que su ejercicio requiera de autorización previa.
En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Es decir, que no tenía opción de plantearse prohibir o no el acto del Día de la Sangre que criticaba Unidas Podemos porque tuvo un carácter privado y sólo se podía asistir con invitación personal.
No podía por tanto aplicar el artículo 38 de la Ley de Memoria Democrática, que censura "actos efectuados en público que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar (la del 18 de julio de 1936), de la Guerra (la de España 1936-39) o de la Dictadura (la franquista), de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron al régimen dictatorial (el franquista)".
Según subraya, "solo una autoridad judicial puede adoptar las medidas de disolución o suspensión de las actividades de la Asociación Cultural Devenir Europeo" y previa actuación del Ministerio Fiscal en casos en los que, en la celebración de un acto público, se advirtieran hechos que pudieran ser constitutivos de delito.
"En el caso de que se hubiera realizado algún acto público finalmente que pudiera constituir delito de odio, del que no se tiene constancia por el momento", las autoridades competentes lo pondrían en conocimiento del Ministerio Fiscal o de las Autoridades judiciales, concluye.
