La Asociación Nueva Aurora, titular de la residencia de ancianos homónima en Lucena (Córdoba) a la que la Secretaría General de Servicios Sociales de la Junta de Andalucía ha resuelto sancionar con 90.001 euros por la supuesta comisión de una infracción muy grave, por no contar con autorización administrativa de funcionamiento, ha presentado ya "un recurso de alzada" contra dicha resolución ante la propia Consejería.
Así lo ha confirmado a Europa Press un portavoz de Nueva Aurora, quien ha avanzado que, entre tanto, desde la asociación negocian ya "con terceros" el "traslado temporal" a otras instalaciones del casi medio centenar de residentes con el que cuentan, para así "poder adecuar" el actual centro, "un edificio antiguo y protegido", a los "requisitos arquitectónicos maximalistas" que se les exigen, en materia de seguridad, para poder contar así con la citada autorización administrativa.
De hecho, ese es el objetivo que se marcaron cuando cambió en 2007 la normativa autonómica que afecta a las residencias y que "exige unos requisitos que son más difíciles de aplicar en un edificio antiguo", en el que desde entonces se han llevado a cabo ya varias mejoras, y en el que se ha venido prestando en Lucena "una importante labor social", contando para ello "con licencia de actividad" desde los años 90 del pasado siglo, la cual fue "renovada en 2010" y que "no ha sido revocada".
Es decir, que a falta de dicha adecuación "arquitectónica" del edificio que acoge la residencia, Nueva Aurora, según ha subrayado su portavoz, cumple "con todos los requisitos legales" y, "desde hace 30 años", presta un servicio, en cuanto a la atención a los residentes, por parte de "una plantilla de 29 profesionales", que cuenta además con el aval de la propia Junta de Andalucía, a través del informe de sus inspectores.
A este respecto, desde Nueva Aurora se ha recordado que en dicho informe de inspección, incluido en la resolución de la Junta, se afirma que "de ninguna manera las condiciones en que se encuentran sus residentes son indignas para un ser humano, y no se pone en riesgo la vida o la integridad física y moral de aquellos, más allá de las deficiencias materiales" que afectan al edificio, plasmadas en un informe municipal, que "suponen el incumplimiento de la normativa y que, hipotéticamente, pudieran influir en la seguridad".
Eso es, precisamente, lo que pretende corregir Nueva Aurora, teniendo en cuenta que la resolución de la Junta, que ya han recurrido, además de la multa, también prevé "la suspensión temporal de la actividad" de la residencia, "por un máximo de cinco años, siempre que durante dicho periodo sean subsanadas las deficiencias detectadas o, en caso contrario", ello conllevará "el cierre de la empresa o la clausura del servicio o establecimiento".
Ante esto, desde Nueva Aurora se ha señalado que van a "agotar los recursos administrativos" para evitar la que consideran sería "una medida desproporcionada", a lo que se suma que aún esperan en la asociación que se resuelva el "recurso de reposición" que presentaron el pasado julio ante el Ayuntamiento de Lucena, tras decretar éste el cese de actividad de la residencia y el realojo de los residentes, a raíz del mencionado informe elaborado por técnicos municipales, que, en opinión de Nueva Aurora, no son competentes para emitir, pues ello corresponde a la Junta.
