La parlamentaria andaluza del PP por Córdoba y vicesecretaria de Políticas Sociales del PP cordobés, Rafaela Obrero, ha criticado este jueves "la improvisación, la falta de planificación, la demagogia y el uso electoralista" de las políticas sociales de la Junta de Andalucía ante "la supresión del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria de la Junta, por el que se aseguraban tres comidas diarias en los colegios a unos 20.000 niños en situación de exclusión social".
En una nota, ha señalado que "este nuevo revés por parte del gobierno de PSOE e IU en la Junta demuestra que esa medida estrella de Susana Díaz, anunciada en abril de 2013 y con una dotación de 16 millones de euros, era una medida improvisada, que han llevando a cabo sin planificar su desarrollo futuro, solo buscando una foto fácil utilizando un tema tan sensible y delicado como es la alimentación de los niños andaluces".
La vicesecretaria popular ha recordado que el PP ya advirtió de "la improvisación y la falta de rigor" de este plan "sectario y demagógico" que "no tenía una formula clara" para su desarrollo, pero que se presentaba ante los ciudadanos como la solución a los problemas de exclusión social de muchas familias.
"Este programa refuerzo de la alimentación infantil en centros escolares ha presentado muchas deficiencias y lagunas, no ha cubierto las necesidades de los niños en riesgo de exclusión social, ya que este refuerzo solo se hacía en los centros educativos que cuentan con comedor, por lo que muchos niños se han quedado fuera de este plan a pesar de vivir en el mismo edificio y de tener el mismo riesgo de exclusión", dice Obrero, y añade, "es un programa que nació viciado, basado en la demagogia y la limosna social, y que ahora la propia Junta de Andalucía desecha por ineficaz".
Desde el primer momento, destaca que el PP mostró su rechazo a este plan y planteó que la forma "más digna" para que estos niños reciban esta ayuda sería incrementando las ayudas económicas que los ayuntamientos destinan a familias en exclusión y focalizándolas en familias con niños en edad escolar, en lugar de la bolsa de comida con la merienda y la cena que se ha venido dando. Además, dice que el PP siempre ha exigido a la Junta que "desarrolle políticas que favorezcan la generación de empleo para terminar con esta lacra que nos coloca a la cabeza de toda España en tasa de desempleo y provoca estas situaciones".
Asimismo, Rafaela Obrero ha criticado el recorte del gobierno de PSOE e IU en la Junta en el presupuesto destinado al sistema de protección de la infancia. "Desde que la Junta está gobernada por el bipartito de perdedores se han reducido en 35 millones de euros el presupuesto destinado a la protección de menores, uno de los recortes más graves de todos lo que está llevando a cabo el gobierno de Susana Díaz ya que no solo afecta a cientos de trabajadores sino también a miles de niños, adolescentes e incluso a bebés que han sufrido situaciones de desprotección, maltrato y exclusión social", dice la parlamentaria andaluza.
Además, Obrero ha acusado al Gobierno andaluz de PSOE e IU de "no cumplir sus obligaciones" en política social y más concretamente con los dependientes, mientras que al mismo tiempo "disfraza los recortes que está llevando a cabo en esta materia culpando y confrontando con el Gobierno de España y está poniendo en riesgo permanentemente los servicios sociales para todos los andaluces y cordobeses".
Ha recordado que el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que abonar 793.000 facturas sin pagar solo de la comunidad autónoma de Andalucía, que ha tenido que satisfacer una deuda de 2.967 millones de euros solo hasta el año 2011 en Andalucía, y que la Junta solo en 2012 ya ha generado una deuda de 886 millones de euros.
"Mientras que en el conjunto del resto de comunidades autónomas la cifra de nuevos beneficiarios de la dependencia ha crecido por encima del 2%, en Andalucía los beneficiarios han caído más del 13%, consecuencia directa de la mala gestión de PSOE e IU al frente de las políticas sociales", dice la vicesecretaria popular.
Obrero ha recordado que el propio Tribunal de Cuentas ha indicado recientemente que el Gobierno de España está cumpliendo todos sus compromisos con la dependencia, que la aportación del Gobierno ha aumentado en 2013, y que el sistema ha ganado en eficacia y transparencia, cosa que no puede decir la Junta de Andalucía. El mismo Tribunal de Cuentas reconoce que hay "alguna comunidad" que no cumple con sus obligaciones con los dependientes.
PLAZAS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS
En relación con la dependencia, Rafaela Obrero ha lamentado que proyectos de residencias de ancianos en municipios de la provincia cordobesa "se tengan que quedar en un cajón por la negativa de la Junta de Andalucía a concertar plazas residencias para mayores y dependientes".
Según explica, "la Consejería de Igualdad y Bienestar Social ha desoído a las entidades que gestionan los centros residenciales y centros de día que albergan plazas para mayores y dependientes, ha aprobado una nueva orden que regula los conciertos de estas plazas y que certifica que la Junta de Andalucía no va a dar cobertura a muchos dependientes de nuestra provincia a pesar de quedar plazas disponibles en residencias de mayores.
Además, como ya se anunció desde el PP, "esta nueva orden mete la mano en el bolsillo de los usuarios ya que la Junta podrá pedir hasta el 90% de la pensión de la persona mayor o dependiente para el coste de su plaza residencial, cuando hasta ahora era del 75%".
"Con esta decisión de la Junta no se van a cubrir el 100% de las plazas públicas o convenidas que queden libres en los centros, pues reconoce expresamente que financiará hasta el límite del 85% de las plazas concertadas que se hallen desocupadas. Luego el bipartito de PSOE e IU en la Junta no va a dar cobertura a dependientes cordobeses a pesar de quedar plazas disponibles en las residencias de mayores", afirma Obrero.
Para ella, "lo realmente surrealista es que se permite a los centros residenciales cubrir temporalmente hasta el 15% de las plazas públicas que estén sin cubrir, pero la Junta de Andalucía se reserva el derecho a exigir la disposición efectiva de estas plazas cuando lo necesite para su cobertura efectiva". Esto, a su juicio, "supone una incertidumbre para las familias que consiguen una plaza para el mayor en un centro residencial, porque en cualquier momento la Junta puede requerir su plaza para que otro dependiente la ocupe".
