Según ha confirmado a esta redacción la Asociación Defensa Ciudadana Activa (DCA), media docena de vecinos de San Roque han denunciado al Ayuntamiento ante la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD), cansados de esperar durante años unos certificados a los que tienen derecho y que no les facilitan.
Los solicitantes iniciaron el procedimiento de acceso a sus datos personales, tras más de un año intentando que los responsables accedieran a certificar qué datos mantenían en sus ficheros, algunos de los cuales estarían relacionados con servicios prestados, concretamente en el área de Protección Civil, y era necesarios para realizar ciertos cursos. Al no facilitar la administración local esta información, los solicitantes no pudieron presentar la documentación requerida, perdiendo, entre otros, la oportunidad de realizar cursos de perfeccionamiento.
Tras iniciar la solicitud siguiendo los protocolos marcados por la Agencia Española de Protección de Datos, fue necesario recurrir a esta institución ante la negativa a contestar del Ayuntamiento de San Roque, remitiendo una resolución el pasado mes de marzo por la que daban un plazo de diez días hábiles al Ayuntamiento para cumplir la petición.
Posteriormente los restantes vecinos han ido recibiendo resoluciones en el mismo sentido, aunque ninguna ha sido acatada por el Ayuntamiento de San Roque.
“No entendemos por qué no cumplen la legalidad atendiendo a nuestras peticiones, ni tampoco las resoluciones de la Agencia Española de Protección de Datos, cuando una administración pública debería ser ejemplo en el cumplimiento de las normas, no todo lo contrario”, criticaron los afectados.
De petición a denuncia
De este modo, la petición inicial de tutela ha pasado a denuncia formal, estando a la espera de que la AGPD se pronuncie al respecto.
Al margen de esta denuncia, desde DCA, que indicó el procedimiento a seguir a los afectados, “se solicitará la identificación del personal o autoridad responsable de estos incumplimientos que han causado daños a los vecinos al impedirles completar la documentación necesaria en ciertos procesos, así como la apertura de un expediente sobre los mismos por claro incumplimiento de sus funciones públicas”, indicaron.
Desde DCA consideran que “los ciudadanos no pueden seguir soportando la impunidad con la que la administración decide, de forma totalmente arbitraria, a quiénes responde o no, el clientelismo debe acabar en las administraciones que mantienen una estructura más propia de un cortijo que de una institución pública”, denunciaron.
