La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz se ha personado como acusación en las diligencias previas abiertas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Cádiz por "un presunto delito de prevaricación" contra el concejal del PP de Algeciras y miembro del Gobierno de la Diputación Luis Ángel Fernández Rodríguez.
La secretaria provincial del PSOE, Irene García, ha destacado que la decisión de acudir a los tribunales se justifica en "la opacidad del gobierno provincial del Partido Popular, que no nos deja más salida que recurrir a la justicia ante su ausencia de explicaciones y la gravedad de las informaciones publicadas en torno a un diputado provincial que, no hay que olvidarlo, ostenta la responsabilidad del Área de Función Pública y Recursos Humanos".
"En ningún momento pretendemos judicializar la vida política, sino que, muy al contrario, entendemos que el seno institucional debe ser el adecuado para explicar cualquier sombra de duda que pueda cerñirse sobre la gestión de la Diputación", según Irene García.
García ha aludido a las diferentes informaciones periodísticas en torno a unas "supuestas grabaciones en las que el diputado provincial admitiría la utilización de procedimientos irregulares en la provisión de puestos de trabajo en una promoción interna", extremo este que "no ha sido en absoluto aclarado por el propio Fernández ni por el presidente de la Diputación y responsable último de la gestión del PP al frente de la institución".
"Las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación son de una gravedad tal que no entendemos que el presidente de la Diputación, José Loaiza no haya dado instrucciones precisas al diputado-delegado de Función Pública y Recursos Humanos para que aclarara inmediatamente ese asunto", ha afirmado Irene García.
La dirigente socialista ha hecho hincapié en la "especial gravedad" de que esas supuestas manifestaciones se atribuyan a quien ostenta de forma directa y por delegación del propio presidente la responsabilidad de la gestión del personal de la Diputación, "una materia en la que, paradójicamente, el PP ha venido sido implacable en la denuncia de unas falsas irregularidades, realizadas sin base alguna e incluso utilizando argumentos tan inciertos como injustos".
La secretaria general ha incidido en que "una vez más, el Partido Popular, en este caso al frente del Gobierno provincial, ha preferido mantener su política de hurtar a los grupos de la oposición y a la ciudadanía en general toda la información en torno a episodios que merecen toda la transparencia, en un momento en que la sociedad reclama que la gestión de lo público se fundamente en una absoluta claridad".
