El diputado socialista por la provincia de Cádiz, Francisco González Cabaña, ha registrado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita en la que solicita información sobre “¿cuál es el procedimiento y las condiciones que contempla el Gobierno para la venta de la finca “La Almoraima”.
La iniciativa parlamentaria de González Cabaña no es la primera que se registra en la Cámara Baja sobre los planes de enajenación de esta finca pública. A finales del pasado mes de noviembre, González Cabaña defendió en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente una proposición no de ley del Grupo Socialista en la que se rechazaba los planes de privatización de La Almoraima y se proponía la cesión de la finca a la Junta de Andalucía para que asuma su gestión.
La pregunta registrada ahora en el Congreso de los Diputados, según González Cabaña, pretende que “el Gobierno, y en especial el ministro Miguel Arias Cañete, deje constancia en sede parlamentaria y por escrito de cuáles son los planes para la enajenación de La Almoraima, una venta que es rechazada de manera unánime por el resto de formaciones políticas presentes en e Congreso, como se pudo comprobar durante el debate de la proposición no de ley del Grupo Socialista”.
El diputado socialista ha recordado que el Gobierno “ha mentido” en el Congreso a las distintas formaciones políticas que han venido preguntando por los planes de enajenación de La Almoraima y ha insistido en que “detrás de la venta de la finca hay una operación que persigue un ‘pelotazo urbanístico’ del Gobierno para beneficiar a terceros, sin reparar en el daño irreversible sobre las actividades tradicionales de la zona y el impacto ambiental sobre el Parque Natural de Los Alcornocales y su entorno más cercano”.
Por ello, el diputado socialista ha mostrado su respaldo a la decisión de la Junta de Andalucía de ampliar el Parque Natural de Los Alcornocales, de manera que las 14.113 hectáreas de La Almoraima estarían protegidas y no se permitirían las construcciones que proyecta el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
González Cabaña ha apuntado que, junto a esta medida de la Junta de Andalucía, “el Ayuntamiento de Castellar tiene también en sus manos el no aprobar el convenio urbanístico y el consiguiente Proyecto de Actuación y Plan de Usos que le presentó el Gobierno el pasado verano”.
